Piscicultura ilegal


Ahora, gracias a la ineptitud o complicidad de ciertas autoridades estatales presionadas por intereses privados, sumamos a la larga lista de delitos endémicos de Colombia la cría ilegal de peces de consumo humano. En un excelente reportaje investigativo de este diario, la periodista Daniela Quintero presentó, el domingo pasado, otra crónica de muerte anunciada que deja en ridículo la gestión ambiental del país y al Estado muy mal parado para la COP16, donde seguro algunos acuicultores, cegados por la codicia, no dudarán en poner cara de palo al ser cuestionados por su participación activa en el delito de introducción de los peces que ya les hacen compañía a los hipopótamos del Magdalena en su tarea de destrucción de la cuenca.

El senador Macías, quien lleva años defendiendo la “sustitución de importación de filete basa” es uno de los grandes responsables de este desastre, según la crónica, apoyado por empresarios piscícolas de su departamento, el Huila, donde solo ven dinero en la destrucción de la biodiversidad. Tuve la oportunidad de expresarle esta preocupación a todos los ministros de Ambiente durante los años de mi administración en el Instituto Humboldt, entidad que resulta pintada en la pared cuando se trata de acatar recomendaciones científicas contrarias a los intereses de empresarios irresponsables que se mueren de la risa ante ellas. Ni siquiera son negacionistas: actúan con dolo.

La piscicultura del pez basa es inviable, aunque se estén comercializando toneladas de su carne en Colombia provenientes de la pesca o de granjas campesinas. La Fiscalía, la AUNAP, el Invima y todas las autoridades ambientales están obligadas a cerrar todos los expendios de esta especie en plazas y mercados del país, a investigar el comercio ilegal de larvas y a las piscícolas que ya lo estén produciendo, y a cerrarlas por tratarse de un delito flagrante. Y la Procuraduría debe establecer responsabilidades de los funcionarios que, por acción u omisión, favorecieron el ingreso de la especie al país, así haya sido con la excusa de “adelantar estudios adicionales acerca de los factores de riesgo”, que se esgrimía hacia el año 2018 para tratar de justificar el eventual desatino. Y en vida silvestre, el pez debe ser declarado amenaza a la biodiversidad, como los hipopótamos, y exigir su tratamiento como especie invasora con medidas de manejo y control explícitas y respaldadas por los institutos de investigación del país; y a los importadores, certificados adicionales de proveniencia de la carne importada y cuentas claras de sus negocios, afectados por la irresponsabilidad de muchos.

Oro ilegal, coca ilegal, vacas ilegales producto de deforestación, oleoductos chuzados para extracción ilegal de crudos y venta ilegal de agua, además del tradicional contrabando, demuestran la poca disposición de los colombianos a construir nación. Pero tener que hablar de piscicultura ilegal y promovida por empresarios ya es el colmo: como ferviente defensora de la acuicultura como parte central de la bioeconomía, y siendo Colombia el segundo país más rico del mundo en especies de peces de agua dulce, me duele la indolencia con que enfrentamos la invasión del pez basa, que siguió los mismos pasos de la tilapia, pero esta vez de manera cínica y descarada. La AUNAP, una de las agencias más importantes del país, nos debe, por enésima vez, una explicación.