El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió declarar el estado de emergencia en el territorio francés de Nueva Caledonia, donde los disturbios contra una reforma del censo electoral dejaron tres muertos y cientos de heridos, anunció este miércoles su oficina. “Cualquier acto de violencia es intolerable y será objeto de una respuesta implacable para garantizar el restablecimiento del orden”, se lee en la nota de la Presidencia, que precisa que un inminente Consejo de Ministros aprobará la medida.
La decisión del dirigente del Elíseo se dio a conocer luego de que el Parlamento francés se reuniera para aprobar cambios en las reglas de votación en el archipiélago del Pacífico, lo que desencadenó la ira en varios pobladores, que incendiaron edificios públicos y carros, así como bloquearon carreteras. Desde el lunes, unas 300 personas han sido arrestadas, según datos de la oficina del Alto Comisionado, representante del Estado francés.
La razón de ser de esta crisis está en que desde París, a 17.000 kilómetros de distancia, se discutió un proyecto de ley para permitir a los residentes franceses que han vivido en Nueva Caledonia durante 10 años el derecho a votar en las elecciones provinciales. Algunos líderes locales temen que este cambio diluya la proporción de votos de los canacos, el grupo indígena que representa alrededor del 41 % de la población y la principal fuerza del movimiento independentista. El martes, la Cámara baja del Legislativo francés votó a favor de la medida, con 353 apoyos frente a 153 que se dieron en contra de la propuesta.
Ante el complejo panorama, los partidos políticos locales en el territorio de ultramar emitieron una declaración conjunta pidiendo “calma y razón”. De hecho, el líder del partido proindependencia, Daniel Gao, condenó los saqueos y llamó a los jóvenes a “volver a casa”. Sin embargo, advirtió: “Los disturbios de las últimas horas muestran la determinación de nuestros jóvenes de no dejar que Francia los controle”. En contraposición, la principal figura del bando antiindependentista, la exministra Sonia Backès, dijo a la radio RMC que considera que la situación es de “guerra civil” y pidió la intervención del Ejército.
El periódico Le Monde reportó que Louis Le Franc, alto comisionado en Nueva Caledonia, describió la situación de “insurreccional”, que podría adoptar “una forma de guerra civil”. En sus palabras: “Es muy grave. Hemos entrado en una espiral peligrosa, una espiral mortal. Se llevaron a cabo numerosos incendios intencionales y saqueos de tiendas, infraestructuras y edificios públicos, incluidas escuelas primarias y secundarias”. A esto se suma un intento de fuga de los presos de la prisión de Nouméa, que alberga a unos 50 reclusos, aunque las fuerzas de seguridad recuperaron el control allí.
Con el acuerdo de Numea de 1998, Francia prometió dar gradualmente más poder político al territorio insular del Pacífico de casi 300.000 habitantes. Bajo dicho paraguas, Nueva Caledonia ha celebrado tres referendos sobre sus vínculos con Francia, todos rechazando la independencia, aunque esta resuena fuertemente en los canacos. El problema es que desde finales del siglo pasado no se han actualizado las listas de votantes, lo que implica que los residentes de la isla que han llegado de Francia continental o de otros lugares en los últimos 25 años no tienen derecho a participar en las elecciones provinciales.
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