Foto: Óscar Pérez

Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz.

Un juez de la República avaló la solicitud de ordenar la captura del excomisionado Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización de un grupo guerrillero. El juez avaló el requerimiento del ente acusador contra el exfuncionario, de quien no se sabe su paradero.

Alrededor del lugar donde está el excomisionado Restrepo sólo hay incertidumbre y especulaciones. Sus abogados defensores han optado por el silencio. La Cancillería, por medio de Inmigración, supo que salió del país rumbo a Nueva York el miércoles 8 de febrero, pero supone que ese país no era más que una escala. Se ha hablado de asilo en Chile, Costa Rica, Panamá y hasta el lejano país africano de Marruecos, pero nadie confirma ni desmiente.

Con tono de ultimátum, la fiscal Viviane Morales aseveró que, en caso de no presentarse a la audiencia que se había aplazado para este viernes, el ente a su cargo le pediría al juez del caso que lo declarase reo ausente y exigiese su detención preventiva. Pero este jueves en la noche el juez 68 de control de garantías de Bogotá emitió la citada orden ante petición oficial del ente acusador. En otras palabras, Restrepo se convirtió en un fugitivo de la justicia.

En esa audiencia, la Fiscalía imputará los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, tráfico y porte de armas y peculado no sólo contra Restrepo, sino contra los coroneles (r) Hugo Castellanos y Jaime Joaquín Ariza; el desmovilizado de las Farc Raúl Agudelo Medina (alias Olivo Saldaña) y el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, entre otros. Según el ente investigativo, ellos fraguaron la desmovilización fraudulenta de un frente de las Farc llamado Cacica La Gaitana.

En su defensa, Restrepo ha afirmado que su labor en Ralito era de negociador político y que las labores de verificación de antecedentes judiciales de quienes se presentaban a abandonar la guerra le correspondían a inteligencia del Ejército y al Comité Operativo para la Dejación de Armas (Coda) del Ministerio de Defensa. “Se me hace que la estrategia que han tomado los militares y el Gobierno es bajar el perfil a los militares. Pero los desmovilizados fueron vinculados por ellos”, le dijo Restrepo a este diario en una entrevista publicada el pasado 23 de diciembre.

Su posible asilo, sin embargo, ha producido un profundo malestar en varios sectores del país. No era para menos, en un panorama ya malogrado ante la reciente negativa del gobierno panameño de retirarle a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado su calidad de asilada política, truncando así la posibilidad de que ésta responda ante la justicia colombiana por el controversial proceso de las interceptaciones y los seguimientos ilegales a magistrados, integrantes de ONG y miembros de la oposición al gobierno Uribe.

Precisamente porque el expresidente Álvaro Uribe ha desplegado una fuerte campaña para que Hurtado permanezca en Panamá, algunos dedos acusadores ya apuntan a esa dirección en el tema Restrepo. La presidenta del Polo Democrático, Clara López, reclamó que Uribe está “haciendo todo lo posible para que funcionarios suyos no lleguen a hacer las declaraciones ante la justicia”. El representante liberal Guillermo Rivera, por su parte, señaló: “Espero que este caso no sea idéntico al de María del Pilar Hurtado”.

El presidente del Consejo de Estado y el de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrados Gustavo Gómez y Néstor Correa, declararon que Restrepo tendría las debidas garantías para defenderse. No piensan lo mismo dirigentes políticos como el senador de la U Roy Barreras, quien salió en defensa del excomisionado: “Él trabajó con devoción por el país. No lo puedo imaginar urdiendo trama alguna distinta a cumplir con un papel difícil y heroico como es generar desmovilizaciones de bandidos”.

Otros defensores de Restrepo manifiestan que el proceso en su contra no es más que la consecuencia a su denuncia contra Carlos Alonso Lucio, esposo de la fiscal Viviane Morales, a quien acusó de haber realizado actividades para favorecer al narcotráfico y al paramiltarismo. La fiscal, el mismo día en que anunció la imputación de cargos que se venía contra Restrepo (19 de diciembre de 2010), aseguró tajantemente que este asunto no tiene tintes de retaliación.