El jueves, y durante todo el día, mientras los estudiantes bogotanos marchaban desde varios puntos hacia la Plaza de Bolívar, batiendo un récord histórico para los movimientos sociales de las últimas décadas, una tranquila y concentrada Clara López, alcaldesa de Bogotá, monitoreaba de cerca, lo que pasaba en cada esquina de la ciudad.
Durante meses, la alcaldesa López Obregón, acompañada de varios funcionarios del Distrito, se embarcaron en un juicioso proceso de negociación y acompañamiento a los estudiantes, buscando lograr un difícil punto de equilibrio entre el respeto a la libertad y la protesta, y el ejercicio de la autoridad y la garantía del orden.
Pocos han hablado del papel que pudo haber jugado la Administración Distrital dentro del buen curso que tomó la protesta en Bogotá –lugar donde ocurrieron las manifestaciones más numerosas-. Tampoco, de la manera como López logró esto, activando múltiples actores, sin entorpecer al movimiento y garantizando, hasta donde es posible en un evento social de estas magnitudes, el orden y la no violencia.
Sí, la movilidad de la ciudad se vio afectada durante las horas en que los muchachos marcharon hacia el centro. Sí, hubo tres disturbios en determinados puntos de la protesta, 16 detenidos y un herido. Y, sin embargo, para una movilización de estas magnitudes (se calcula que 80.000 personas marcharon en Bogotá), estas cifras resultan poco más que naturales. Incluso, quienes en medio de las movilizaciones criticaron a los estudiantes –como el exvicepresidente Francisco Santos, que propuso la utilización de shocks eléctricos para controlar a los manifestantes-, salieron luego a reconocer el carácter cívico de la marcha y el triunfo de sus participantes.
Ha sido una “forma de hacer las cosas”, asegura la alcaldesa. “Se trata de la convicción de que es mucho más legítima la autoridad que atiende los reclamos ciudadanos en función de sus derechos, a través del diálogo, que en un función de la imposición de reglas desde la autoridad y la fuerza policial”.
Y parece haberle dado resultado. Hace algunos meses, cuando comenzaron las movilizaciones, los estudiantes causaron serios daños en la ciudad, que de entrada produjeron el rechazo de la ciudadanía y una reacción adversa contra el movimiento. Entonces, la alcaldesa López se acercó a los estudiantes miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y en una reunión en la Universidad Nacional los regañó respetuosamente: “Les dije que cuando ocurrían este tipo de hechos vandálicos era su causa la que se veía perjudicada. Y les sugerí que tenían que aislar esos brotes anarquistas para que pudiera emerger, con claridad, su carácter propositivo”.
Poco a poco, los repertorios de acción de los estudiantes comenzaron a cambiar. Se convocaron besatones colectivas, una noche de marcha de antorchas y veladas culturales no violentas para expresar su posición frente a la reforma. Entretanto, a instancias de la Alcaldía, los líderes de la MANE sostenían reuniones permanentes con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, la dirección de Derechos Humanos y la Policía Metropolitana.
“Fueron reuniones muy constructivas”, dice Laura Ligarreto, una de las once líderes de la MANE en Bogotá. “Fueron importantes porque allí pudimos coordinarnos mejor, así como dar informes de lo que sucedía entre los estudiantes y la fuerza pública”.
De las reuniones salían pactos. Y los pactos se cumplían. Los estudiantes aceptaron crear, dentro de las comisiones de Derechos Humanos de sus respectivas universidades, la figura de un “gestor de autorregulación”. Estos gestores se convirtieron en elementos fundamentales durante la última fase de maduración de la movilización, pues en ellos estaba la responsabilidad de que los marchantes acataran los pactos de no violencia y no vandalismo acordados con el Distrito.
Para Ligarreto, el éxito de este modelo de respetuosa gestión política no sólo fue obra de Clara López. “El secretario de Desarrollo Económico, Hernando Gómez; la secretaria de Gobierno, Mariela Barragán, y la dirección de Derechos Humanos del distrito (todos exponentes de la izquierda democrática colombiana), jugaron también un papel muy importante”, asegura.
¿Tenían miedo de ser manipulados por el Estado? Sí, admite Laura Ligarreto. “Pero desde el comienzo, las autoridades distritales fueron muy respetuosas. Por ejemplo, nunca fueron a nuestras reuniones, porque ellos son conscientes de lo que vale nuestra libertad y autonomía”.
El mismo modelo ha sido aplicado por la alcaldesa a la hora de destrabar problemas sociales con actores, como los barristas violentos seguidores de los equipos de fútbol de la capital o los desplazados que hace dos años se tomaron el Parque Tercer Milenio. Para ella, el principio es básico: “uno debe guardar la mano represora del Estado para casos excepcionales. No se puede usar de manera preventiva la fuerza pública para que la gente no pueda marchar”.