La decisión fue curiosa. Los ministerios que se unieron, en la mayoría de los casos, no tenían ninguna afinidad temática y su forzada cohabitación se prestaba, más bien, para conflictos y el mal manejo de numerosos asuntos. Vivienda y medio ambiente son dos temas completamente diferentes, con evidentes tensiones entre sí. La creación de empleo y la financiación de la salud por medio de impuestos sobre la nómina van en contravía, como lo demuestran todos los estudios sobre la materia. Y la justicia y la política partidista, en medio de los problemas del narcotráfico y el paramilitarismo, son fuentes de choques y disputas. 

Como era de esperar, los resultados no han sido positivos. Los ahorros de nómina fueron escasos, se desatendieron sectores clave y crecieron varias confrontaciones que estaban latentes.

En cada caso, sin excepción, uno de los dos ministerios fusionados sacrificó al otro, el más débil, el que menos interés tenía para los cálculos del corto plazo. El Ministerio del Interior, encargado del manejo de los partidos y de la formación de las coaliciones que aseguran la gobernabilidad, se tragó al de Justicia. El Ministerio de Vivienda, de gran interés electoral, debilitó al de Medio Ambiente. El de Salud, que maneja muchos recursos económicos y humanos, desplazó al de Trabajo.

La ausencia de un verdadero ministerio de justicia, con capacidad para mantener una interlocución informada con la rama judicial, es una de las causas de los conflictos entre el Ejecutivo y las cortes. Mientras tanto, los grandes temas de la eficacia, la congestión, la cobertura y el funcionamiento de la justicia están prácticamente abandonados. 

Colombia desmontó su Ministerio de Medio Ambiente justo cuando el mundo se preparaba para enfrentar los efectos del calentamiento global y se requerían medidas domésticas novedosas y una fuerte presencia del país en los foros internacionales. El debilitado viceministerio que subsiste no ha podido impedir que algunos sectores del propio gobierno apadrinen reformas que atentan contra los recursos naturales (hasta ahora éstas se han podido evitar sólo por la vigilancia de la comunidad ambientalista que aún sobrevive).

La desaparición del Ministerio del Trabajo ha acompañado el mayor deterioro del mercado laboral desde que existen estadísticas: la informalidad y el rebusque han alcanzado niveles récord en el país. El hecho de que la salud y algunos programas del gobierno se financien con impuestos parafiscales sobre el trabajo impide que el Ministerio de la Protección Social pueda tener una posición consecuente en materia de ocupación y trabajo.

Si el país quisiera enfrentar los problemas de la justicia, el medio ambiente y el empleo, debería volver a tener ministerios técnicos, especializados en estas materias, sin los conflictos que hoy los limitan. Esto lo han propuesto, una y otra vez, jueces, economistas, ambientalistas y candidatos. Se duda, sin embargo, de que el presidente Uribe, si logra su tercer período, sea capaz de corregir los errores de su primer gobierno.