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Consulta popular que prohibió la megaminería en Cajamarca sigue vigente

El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué ratificó que en Cajamarca (Tolima) está prohibida la minería, así como lo estableció en 2017 la consulta popular, cuando el 97,92 % de las personas que votaron aseguraron que no estaban de acuerdo con que en el municipio se ejecutaran este tipo de actividades. En la zona está el proyecto de megaminería de oro La Colosa, la cual hace parte de la multinacional Anglogold Ashanti.

26 de abril de 2024 - 01:13 a. m.
Habitantes de este municipio votaron por el No a la explotación minera, mediante una consulta popular promovida por el campesino José Domingo Rodríguez.
Habitantes de este municipio votaron por el No a la explotación minera, mediante una consulta popular promovida por el campesino José Domingo Rodríguez.
Foto: Óscar Pérez

El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué ratificó que en Cajamarca (Tolima) está prohibida la minería, así como lo estableció en 2017 la consulta popular. Además, reiteró que esta consulta sigue vigente y que debe ser acatada.

Esta decisión se dio después de una demanda interpuesta por el abogado Wilson Alexei Vallejo, quien buscaba dejar sin efectos el acuerdo que adoptó los resultados de la Consulta Popular, en donde la población se opuso a los proyectos de megaminería de oro La Colosa, la cual hace parte de la multinacional Anglogold Ashanti.

Las razones que soportan la decisión del juez, se lee en el fallo, son que “los acuerdos están acordes a la Ley, pues su motivación se encontró debidamente soportado con las pruebas aportadas en el proceso de marras”.

Además, de acuerdo con el juez, las pretensiones de la demanda fueron denegadas, porque el demandante no logró demostrar los cargos de falsa motivación e infracción en las normas en que debía fundarse. Por tal razón, “no alcanzó a desvirtuar la presunción de legalidad de los cimientos normativos”.

Luego de conocerse la decisión, el Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca aseguró que con ella se “garantiza que el mandato popular decidido en las urnas esté vigente y se convierte en un llamado claro a que las instituciones del orden nacional implementen sus resultados, tomando las decisiones que hacen falta en materia de permisos ambientales y concesiones mineras”.

Además, la Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca recordó que en noviembre de 2023 se presentó una decisión similar del Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, cuando se determinó que dicho acuerdo debe seguir vigente. Por eso, en su opinión, “estas dos decisiones en menos de seis meses son un respaldo a la democracia ambiental”.

Cabe recordar que el 26 de marzo de 2017, con el 97,92 % de los votos, los ciudadanos de Cajamarca le dijeron que no a la pregunta de si estaban de acuerdo con que en el municipio se ejecutaran actividades que implicaran contaminación de aguas o apartadas de la vocación agropecuaria, como lo es la minería.

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