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Desde mañana, 30 de noviembre, cerca de 70 mil personas se reunirán en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en la que espera ser la Conferencia de las Partes de Cambio Climático con más participantes de la historia (COP28). Los debates alrededor de la mitigación (mantener el límite del calentamiento del planeta por debajo de los 2 °C para final de siglo); la adaptación (mejorar la capacidad para hacer frente a los impactos ya existentes del cambio climático) y los medios de implementación (herramientas para que los países en desarrollo puedan cumplir las metas), serán los protagonistas de unas negociaciones sobre el clima atípicas, que tienen lugar en un país petrolero. Estarán atravesadas por inquietudes sobre la financiación y los conflictos globales. (Lea ¿Están planeando negocios petroleros en la COP28? Colombia niega haber participado)
Hasta allí llegó la delegación colombiana que, este año, contará con un equipo técnico conformado por diferentes carteras, entre esas, las de ambiente, relaciones exteriores, hacienda y energía. Sebastián Carranza, director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente, lidera, junto a la ministra Susana Muhamad, una de las comisiones que pondrá sobre la mesa propuestas alrededor del papel de la naturaleza para hacer frente a la crisis climática. Ha trabajado por más de 12 años en gobernanza ambiental y gestión de proyectos para la acción climática, y ha sido negociador ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. (Lea ¿Qué está en juego en Emiratos Árabes, el país petrolero sede de la cumbre climática?)
Carranza habló con El Espectador sobre los puntos clave que respaldará y presentará Colombia en la COP28.
¿Cómo ha trabajado el país en la preparación para estas negociaciones?
Una de las cosas más notables es que, para esta Conferencia de las Partes (COP28), nos hemos centrado en ampliar la conversación del cambio climático y de las negociaciones a otras carteras. Normalmente, este es un asunto que vemos desde el Minambiente o Cancillería. Pero este año tenemos una apuesta muy ambiciosa, que consiste en vincular al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; al Minagricultura, Mintransporte, Minvivienda y Minsalud. Y hay un interés muy grande por parte de los ministros y las ministras, de participar en este proceso. Entonces, han trabajado en analizar de manera conjunta las posiciones que Colombia va a defender durante las negociaciones, para llegar con una posición unificada.
¿Y cuáles son esas posiciones que Colombia va a defender?
Se pueden agrupar en tres grandes áreas. La primera tiene que ver con encontrar un lenguaje, una señal política potente de la Conferencia de las Partes, para salir del petróleo, del carbón y del gas, y alcanzar colectivamente la meta del Acuerdo de París (en cuanto a mitigación). Este es un debate muy controversial. Pero, además, vamos a estar en un país petrolero por excelencia; y atravesamos un momento de crisis energética derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, junto con unas tensiones geopolíticas del conflicto palestino-israelí. Las grandes potencias, que han orientado el asunto energético, sin duda tienen miradas diplomáticas que están atravesadas por todos esos aspectos y que se van a sentir en las negociaciones.
La meta global es reducir nuestras emisiones al 2030 en un 45%. Esto significa casi cortar a la mitad los 60 gigatones que emitimos al año globalmente. Pero, realmente, lo que hemos visto es en el último año es un incremento del 20%. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que, a estancias del balance mundial y del programa de mitigación, los países debemos tomar para desacoplarnos de los combustibles fósiles? Para Colombia, y el grupo de países con los que negocia, el lenguaje debe ser amplio hacia todos los combustibles fósiles. No centrar nuestra atención exclusivamente en el carbón.
Eso frente a la mitigación, ¿y en cuanto a la adaptación?
Para el gabinete es muy importante expresar que Colombia tiene un asunto de adaptación urgente. Nuestra condición de país en el norte de Suramérica, con los Andes atravesando el territorio, con la región insular de San Andrés y Providencia, con la del Pacífico, nos hace altamente vulnerables. Y Somos un país que ya percibe los impactos del cambio climático en términos de pérdidas y daños. Lo hemos visto con huracanes, con avenidas torrenciales, con sequías o inundaciones prolongadas.
Pero también hemos evidenciado que tenemos a la naturaleza como solución. Hay que trascender de esa mirada de los bosques exclusivamente como almacenes de carbono, e impulsar los servicios ecosistémicos que nos brindan para la adaptación. Y, por supuesto, también impulsar la valorización de esos servicios. Para nosotros es fundamental mostrar que Colombia es un país que tiene las soluciones al debate.
Las negociaciones, ahora más que nunca, tienen un fuerte impulso por parte de los países en desarrollo alrededor de la “justicia climática”. De ahí el gran logro de la creación del fondo para pérdidas y daños en la COP27. ¿Cuál es la posición de Colombia frente al tema?
Quienes llevan gran parte de los impactos negativos son las poblaciones vulnerables. Y en el contexto colombiano, no solo son vulnerables al riesgo climático, sino que han ido acumulando históricamente vulnerabilidades derivadas de la pobreza, la inequidad y el conflicto. Entonces, el fondo de pérdidas y daños y su operacionalización son claves. Sin embargo, vemos que allí la conversación ha estado muy difusa. Y la gran inquietud que nos queda es que nosotros necesitamos recursos que vengan marcados como recursos concesionales, con intereses diferenciados o, en algunos casos, inclusive, sin intereses. Porque los necesitamos para atender esas pérdidas y daños, pero, además, varios de los países de nuestra región, y en el caso particular de Colombia, tienen muy poco espacio fiscal para poder hacer inversión pública. Y ya cargan con un gran peso de la deuda externa.
¿Por qué, además de los temas climáticos, la financiación es un asunto clave para Colombia? El país ha insistido en un nuevo pacto financiero global.
Colombia tiene una multiplicidad de agendas que están transcurriendo en este momento, como la transición energética justa, la reforma rural, la reforma agraria, la reindustrialización y la agenda de descarbonización y resiliencia. Todo esto converge en un territorio que tiene, como ejes transformadores, el ordenamiento alrededor del agua y la consolidación de la paz total. Y en clave de eso, el gabinete ha venido planteando un portafolio de proyectos y programas que busca ser un “cable a tierra” de estas transformaciones. La idea es contarle al mundo cómo Colombia está identificando cuáles son las inversiones que necesita; cuáles son los roles y responsabilidades de las instituciones en el sistema financiero internacional y cómo necesita que se genere un nuevo pacto financiero global para conseguir que estas transiciones empiecen a suceder de manera acelerada.
Ese tema tiene varias capas. Una exterior, que tiene que ver con cómo el sistema financiero debe repensar la forma en la que los países en desarrollo, los países menos desarrollados, los países más vulnerables, se están endeudando. Porque si decimos la crisis climática se está intensificando y, en paralelo, hay una crisis de deuda, eso le va a restar posibilidades de poder hacer las inversiones que se requieren para atender las pérdidas y los daños. Y la voz de Colombia ha tenido eco en espacios más amplios, diciendo: tenemos que plantearnos algo distinto, porque si seguimos como estamos, los países van a tener muchísimas dificultades para poder enfrentar la crisis.
La otra capa tiene que ver con los instrumentos técnicos, mecanismos, vehículos financieros, entre otros, para conseguir que esa deuda se reestructure, alivie, canjee, reduzca, renegocie. Y son muchos los elementos que pueden encajar allí. Lo hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda y con Planeación Nacional. Y uno de los aspectos en los que el país ha manifestado un interés constante es el de canje de deuda por naturaleza o por acción climática.
En la cumbre de ministros de Ambiente en Panamá, los países Latinoamericanos acordaron una posición unificada en las negociaciones que se vienen. ¿Por qué es clave esta decisión?¿Qué objetivos persiguen?
Históricamente, a América Latina y el Caribe le ha costado mucho tener posiciones concertadas en instancias regionales. La región tiene, bien diferenciados, por lo menos, tres bloques de negociación: el bloque de las islas; el bloque de la Alianza Independiente Latinoamericana y Caribeña (Ailac), que es al que pertenece Colombia; y la alianza Brasil Uruguay Argentina (ABU). Y estos tres bloques tienen miradas distintas del desarrollo, de la Acción Climática y urgencias distintas, por el tamaño de los países y sus economías. Por eso, conseguir un consenso regional, como sucedió en Panamá, es un avance grandísimo.
Acordamos seis puntos claves. El primero es la adopción urgente del fondo de pérdidas y daños. Necesitamos es hacerlo operativo y entender cuáles son los arreglos detrás de su funcionamiento. El segundo, promover una unión regional que busque ambición en una meta global de adaptación, pues si hay algo que es común y atraviesa toda la región, es la urgente necesidad de adaptarse. Nuestras NDCs podrían tener acciones coordinadas, podrían buscar financiamiento coordinado, un mayor y más rápido flujo de recursos para la adaptación, porque por ejemplo compartimos ecosistemas como la Amazonía, como la región caribeña insular, como los Andes o la cuenca del Pacífico, entre otras.
El tercero, el fortalecimiento de los sistemas de Alertas Tempranas, pues toda la región tiene un atraso importante. Hemos tenido algunos avances, pero, en todos los casos, necesitamos una mejor y mayor gestión de datos, de activación de estos sistemas de alerta temprana, una participación y construcción ciudadana alrededor de ello.
La cuarta tiene que ver con las oportunidades que tiene esta región de promover un Fondo Climático para las mujeres indígenas. Una de las poblaciones que también habita toda la América Latina y el Caribe, es la población indígena, y en gran medida las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores indígenas, se están llevando una altísima cantidad de los impactos climáticos. Y tienen unos roles de gestión en sus comunidades que son fundamentales para conseguir la acción ante la crisis climática. Entonces vemos que el acceso a esos recursos, el acceso a la propiedad de la tierra, el acceso a las decisiones económicas y sociales de la Mujer Indígena podría verse respaldada por un fondo que las diferencie.
El quinto, promover enfoques comunes para aumentar las iniciativas de canje de deuda por naturaleza. Y el último elemento es la promoción de nuestros ecosistemas como la solución a la crisis climática. La selva amazónica es uno, pero evidentemente la cuenca del Pacífico, los arrecifes, los corales, los pastos marinos, los bosques de alta montaña, los páramos, las cuencas de los grandes ríos sudamericanos, son todos parte de una solución en un continente que tiene el privilegio de tener los ecosistemas menos intervenidos, en comparación a otras regiones del mundo. Y donde la naturaleza tiene que ser reconocida desde lo político, desde lo económico, como una solución a un problema global que, además, no se generó en esta región.
* Enviada especial a Dubái.
**Esta historia fue producida como parte de la Climate Change Media Partnership 2023, una beca de periodismo organizada por la Earth Journalism Network de Internews y el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad.