Con éste ya son cuatro los casos de desmovilizados vinculados a la Ley de Justicia y Paz que son obligados a permanecer en el país hasta tanto satisfagan los derechos de las víctimas.
No es la primera ocasión en que se discute si con la insistencia en la extradición el Gobierno antepone el delito del narcotráfico, de interés primordial de los Estados Unidos, a los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del paramilitarismo en el país. Desde la mañana del 13 de mayo de 2008, cuando se decidió extraditar a 13 jefes paramilitares, el debate ha estado abierto a todo tipo de interpretaciones.
Hay quienes hemos insistido en que junto con los victimarios fue extraditada la verdad sobre hechos atroces y vinculaciones de muchas personas con el paramilitarismo. Otros, sin demeritar el anterior argumento, acusan a algunos sectores de la sociedad civil de incurrir en una doble moral a la hora de criticar al Gobierno por mantener en las cárceles colombianas a grandes capos que continúan delinquiendo y reciben pocos años de castigo, para después, confirmada su extradición, abogar por la verdad de las víctimas.
Más allá de quién pueda tener la razón en un proceso tan criticado y controversial, lo primordial, de cara al futuro mismo de la figura de la extradición, está en constatar que el acuerdo con Estados Unidos —según el cual habría plena colaboración con la justicia colombiana para que los procesos de Justicia y Paz no terminasen en la más completa impunidad— sigue siendo un arreglo de cuyo contenido nada conocemos. Todo indica que lo único a lo que pueden aspirar las víctimas colombianas es a un gesto de buena voluntad de parte de las autoridades estadounidenses. No hay una ley, un acta o una declaración de principios firmada que pueda servir de garantía.
Al respecto, un estudio de la escuela de derecho de la Universidad de Berkeley, titulado La verdad tras las rejas: paramilitares colombianos bajo la custodia de Estados Unidos, reafirmó los temores de quienes cuestionaban el uso indiscriminado, acaso político, de las extradiciones. En su lectura del documento, lasillavacía.com resalta que las víctimas de acá no son reconocidas como tales en los Estados Unidos, salvo que lo sean del narcotráfico; que las condenas que recibirán los paramilitares omiten por completo las violaciones de los Derechos Humanos; que la gran mayoría de los procesos permanecen cerrados al público; que no hay mayores indicios de que el dinero y las propiedades ilegales de los paramilitares les sean transferidos a las víctimas para avanzar en el cuasi inexistente rubro de la reparación, y que no hay, como no puede haberlo ante tanta informalidad, mayores incentivos que permitan que los acusados entreguen información no relacionada con el narcotráfico.
En síntesis, existen razones de fondo para exigir que la extradición, en los casos de quienes no han sido retirados de la Ley de Justicia y Paz, sea replanteada, como lo ha debatido internamente la Corte Suprema de Justicia. La otra opción es que el Gobierno saque de esta misma ley a quienes no colaboran con el Estado pero sí quieren verse beneficiados con rebajas procesales, para agilizar su extradición bajo cargos de narcotráfico. Y la tercera vía, más remota que las anteriores, ha quedado planteada en una tutela presentada desde su cárcel en Estados Unidos por Salvatore Mancuso: la repatriación de los jefes paramilitares. De cualquier modo, en manos del Gobierno, bien sea frente a la Ley de Justicia y Paz o frente a los Estados Unidos, está la solución. La Corte Suprema cumple con su deber de extraditar cuando lo permitan los requisitos y negarlo cuando sea necesario proteger a las víctimas.