En siete días se definirá la suerte del comandante (r) de Caballería del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, frente al proceso que se adelantó en su contra por el holocausto del Palacio de Justicia.
A las 2:00 de la tarde fueron citadas las partes ante el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá, donde la titular del despacho dará a conocer su determinación frente a la acusación que por la desaparición y secuestro de nueve civiles fue proferida en contra del militar (r), tras el operativo de recuperación del máximo escenario de la Justicia en Colombia, tomado por guerrilleros del M-19 durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La citación se dio a conocer públicamente a escasas horas de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se viera forzada a autorizar el refuerzo de los esquemas de seguridad de la operadora jurídica, María Stella Jara, luego del presunto recrudecimiento de las persecuciones y amenazas en contra suya y de sus familiares.
Cabe recordar que la misma Juez Jara denunció haberse percatado de la presencia de una pareja en la peluquería a la que asistió el pasado fin de semana y que ésta también estuvo presente en el restaurante donde horas después almorzó con su hijo el mismo día, y en un sector distinto de la ciudad.
La misma funcionaria ya había convocado la solidaridad de la Rama Judicial y de organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras recibir un sufragio en su propio despacho, hecho que fue precedido de seguimientos y amenazas en contra suya y de sus allegados.
Además de la Juez Jara, familiares de los desparecidos han sido hostigados permanentemente, como es el caso de René Guarín Cortés, hermano de Cristina del Pilar, quien se vio obligado a vivir en el exilio ante las incesantes amenazas que lo exponían a él y su familia, debido a sus frecuentes reclamaciones ante la Justicia y la opinión, exigiendo compromiso en la búsqueda de la verdad.
Incluso, sus padres fueron víctimas de esa persecusión hace algunas semanas, lo que motivó declaraciones públicas de parte de Guarín Cortés, exigiendo protección; similar situación vivió la fiscal del caso, Ángela María Buitrago, quien al parecer era blanco de un plan criminal en el que se buscaba acabar con su vida o precipitar su abandono de la investigación.