El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lo predijo. También se sabía que estas eran condiciones ideales para la proliferación de la hembra del mosquito Aedes aegypti, culpable directa de la transmisión del dengue. Es más, ya había diez regiones del país con cifras de dengue clásico y hemorrágico particularmente alarmantes.
Para enfrentar la situación, el Ministerio de la Protección Social les asignó a los departamentos $13.000 millones que debían ser empleados por las autoridades locales de salud en acciones que redujeran los efectos de las enfermedades transmitidas por vectores. El Estado conocía entonces el problema. Las posibles soluciones, a la espera de una vacuna que ya está en proceso, también le eran familiares. Sin embargo, los resultados de las políticas de prevención distan mucho de ser satisfactorios.
El último reporte enviado por las Secretarías Departamentales al Instituto Nacional de Salud, en mayo de 2010, daba cuenta de 68.143 casos. De estos, 5.380 correspondían a dengue hemorrágico o grave, el mismo que produce dolores abdominales, vómitos y, evidentemente, hemorragias. Los departamentos más afectados eran Valle, con 11.925 casos; Santander, con 8.515; Risaralda, con 7.068; Tolima, con 6.679 y Quindío, con 5.346. La población más vulnerable era la menor de 15 años. Se contabilizaron, además, 71 muertes.
Cifra que ya en el reporte de principios de junio asciende a 99. Una verdadera crisis. Incluso para Argentina, en donde la epidemia de dengue del 2009, la peor de su historia, produjo miles de víctimas, algunas decenas de muertos y un gran debate en torno a la ineficiencia de las autoridades locales para reaccionar con la contundencia que requerían los hechos.
En Colombia, por el contrario, el tema no agarra el vuelo que amerita. El Ministerio de la Protección Social anunció, ante lo inquietante de las cifras, que las autoridades de salud iniciarán “una nueva correría por todo el territorio nacional para verificar los planes de contingencia de cada departamento y tomar los correctivos necesarios”. E informó que la suma de dinero transferido a entidades territoriales para control del dengue asciende a más de $70 mil millones. Dos noticias que harían pensar, sin duda, que todo está bajo control. Pero nadie da explicaciones de por qué no fueron efectivas las medidas ideadas para enfrentar los estragos del fenómeno de ‘El Niño’. O de por qué, si siempre ha habido capacitaciones para la población, éstas no han sido suficientes. Por lo mismo, tampoco ha habido quien se responsabilice por la inoperancia de los planes de contingencia.
En el futuro no queda sino esperar a que la planificación del país en un tema tan sensible como el de la salud mejore en prevención. No basta con recomendaciones a la población para que evite almacenar agua en albercas o en otros recipientes potencialmente atractivos para los mosquitos, o con medidas como el uso de toldillos impregnados con insecticidas de larga duración en zonas vulnerables. Es por todos conocido que el fenómeno de ‘El Niño’ es un evento climático que se repite cada 2 a 7 años y que tiene una injerencia en la salud de las personas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en los últimos 25 años ha habido brotes cíclicos de dengue cada 3 a 5 año. Y se dice que cada año epidémico es mayor que el que le precede. No hacen falta, pues, diagnósticos para enfrentar los estragos del invierno y controlar los brotes de epidemia viral producidos por el dengue.