DURANTE EL CONSEJO COMUNAL encabezado en Cali por el presidente Uribe reapareció públicamente Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle, tras haber ganado una acción de tutela ordenada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, que riñe con la sanción que le impuso la Procuraduría por participación en política a favor del entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. La Procuraduría le había impuesto sanción de destitución inmediata e inhabilidad por diez años para ocupar cargos públicos.
Pese a la evidente intervención en política del Gobernador, registrada incluso en fotografías y videos, la decisión de la Procuraduría encendió la polémica. No faltaron quienes argumentaron que no fue Abadía el único en inmiscuirse en la campaña electoral. Y de alguna manera tienen razón. Muchas autoridades locales y regionales mantuvieron reuniones, pactaron acuerdos y hasta dejaron escapar expresiones de adhesión hacia candidatos al Congreso o la Presidencia, sin que fueran investigados o cuestionados. El propio presidente Uribe no escatimó en metáforas —sobre “gallinitas”, “huevitos”, “caballos enfermos” y “vacas muertas”— para opinar sin ser amonestado.
Sin embargo, una vez proferida la sanción contra Abadía, surgió un escenario aún más cuestionable. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, a través de un opaco proceso, en el que no se tomó siquiera la molestia de conocer la investigación de la Procuraduría —según lo afirmado por la Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño—, echó abajo la sanción, en una decisión sesgada por la política. No es la primera vez que el Consejo Superior de la Judicatura o sus representaciones seccionales toman esta clase de determinaciones. Sus decisiones a favor de controvertidos personajes como Iván Díaz Mateus, César Pérez García o algunos militares investigados por su participación en ejecuciones extrajudiciales, también han merecido la crítica de la opinión pública.
Con todo, por ahora el cuestionado gobernador del Valle logró hacerle un esguince a la Procuraduría para continuar con su proyecto político. Un capital electoral que a sus 28 años representa la herencia de las banderas políticas de su padre, el condenado del proceso 8000 Carlos Herney Abadía, y de alguna manera del grupo de su compadre, el ex senador Juan Carlos Martínez, hoy tras las rejas por sus vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Vuelve entonces a su cargo, pero no debe confiar en demasía de su buena estrella. Si bien hoy dispone de un apabullante fortín político, encabezado por seis congresistas, ocho alcaldes, cuatro diputados y más de cien concejales, sus discutidas prácticas continuarán siendo vigiladas por los organismos de justicia y de control. Y aunque cuenta con un importante 65% de aprobación en su departamento, su afán de protagonismo y su intolerancia a las críticas lo han puesto además en el radar del periodismo investigativo y de algunas organizaciones de la sociedad civil.
Más allá de su regreso, de por sí desconcertante, debe quedar claro una vez más que las indebidas intervenciones en política del gobernador Abadía no son una excepción. El debate electoral que acaba de concluir dejó varios episodios donde los funcionarios públicos se pasaron por la faja su obligación de no intervenir en política. Claro está que cuando haya sanciones, seguramente allí estará el Consejo de la Judicatura, reconocido por su cercanía con la política antes que con la justicia, y con toda seguridad habrá tutelas para frenar sanciones disciplinarias. El mundo al revés.