Dosis personal de armas

ESTADOS UNIDOS TIENE UNA LARGA tradición de respeto por las normas que garantizan las libertades de sus ciudadanos, previstas en una Constitución bicentenaria.

De ahí que una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que rechaza el hecho de que se pueda legislar, estatal o localmente, sobre la prohibición al porte de armas de fuego, ha revivido una polémica que tiene un alcance significativo para el país del norte en medio de los hechos cotidianos de violencia y criminalidad.

Según la Corte, las enmiendas o artículos constitucionales sólo pueden ser modificadas por el Congreso, sin importar si lo que se busca es controlar la proliferación de armas entre los civiles, así como sus nefastas consecuencias. En 2008, en Washington, el Consejo Distrital decidió poner coto a la creciente violencia callejera y prohibir el porte de revólveres. Un abogado demandó la decisión y la Corte Suprema le dio la razón. Tras este primer triunfo vino una segunda demanda contra una norma similar emitida en Chicago, y de nuevo la Corte, en una apretada decisión de 5 a 4, declaró la inconstitucionalidad de legislar localmente en este campo.

¿Cuál es el fondo del asunto? En primer lugar, el aplastante peso económico y político de los fabricantes de armas y de los usuarios de éstas, que se reúnen en torno a uno de los grupos de presión más eficientes que operan en el país: la Asociación Nacional del Rifle, NRA, por sus siglas en inglés. La NRA mueve multimillonarias sumas de dinero destinadas a hacer cabildeo a favor de sus intereses, con resultados avasalladores. Las cifras son más que dicientes: 90 millones de personas poseen cerca de 200 millones de armas, la tasa per cápita más alta en el mundo. Y ni qué decir con respecto al surtido y rentable mercado negro. De esta manera, y a pesar de las angustiantes estadísticas de violencia y muerte que dejan a su alrededor, los republicanos han frenado los intentos por adoptar medidas más estrictas para regular su compra y porte. El sibilino argumento de los defensores es que las armas, per se, no son una amenaza, sino el uso que se haga de ellas. Y así les va.

Precisamente, mientras en Arizona se expiden leyes xenófobas contra los inmigrantes ilegales, bajo el argumento de que éstos aumentan los niveles de inseguridad, México se queja de que debido a la laxitud de la venta de armas en Estados Unidos los carteles de la droga y la delincuencia terminan pertrechándose allí sin mayores inconvenientes. E igual ocurre con los grupos guerrilleros o paramilitares que en distintos momentos de la historia de Latinoamérica encontraron en Estados Unidos un flujo permanente de armas y municiones. De manera más reciente, se vive una situación similar con las maras centroamericanas.

La decisión de la Corte no deroga de inmediato la norma expedida en Chicago, pero se da por descontado que ese será su efecto. El argumento de las libertades civiles, y el mantenimiento de la tradición que fijaron los “Padres Fundadores” de la nación para asegurar el libre porte de armas, fue un aspecto central de la decisión judicial. Como hecho paradójico, en estos momentos el Congreso está por aceptar la nominación de una nueva juez para la Corte Suprema, Elena Kagan, a la que la NRA señala de ser una enemiga de sus tesis.

En un sensato editorial, The New York Times expresó que “los argumentos que llevaron a la decisión de socavar la legislación de Chicago fueron abstractos, aunque sus resultados serán reales y sangrientos”, tras recordar que en dicha ciudad 258 estudiantes de escuelas públicas fueron heridos de bala, de los cuales 32 murieron. La tozuda realidad, sustentada con cifras incuestionables, todavía no parece ser un argumento suficiente para que la racionalidad de la defensa de la vida se imponga, de una vez, frente a la presión de los grupos que con diversos intereses siguen defendiendo el detestable mercado de la muerte.