En medio de la polémica por las intenciones de la ex dirigente política Íngrid Betancourt de hacerse a una cuantiosa suma, amparada en lo que sufrió mientras permaneció en poder de las Farc, este viernes en la tarde se conoció un comunicado de la familia.
De acuerdo con el comunicado dado a conocer por el abogado de la familia, Gabriel Devis, "no se ha demandado a nadie, ni al Gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación de la señora Ingrid Betancourt".
Sin embargo, agrega, "pensamos que una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo".
Este es el comunicado:
Frente a las noticias que se han difundido en el día de hoy 9 de julio de 2010, me permito hacer las siguientes declaraciones y precisiones:
1º) Ratificar, una vez más, el profundo y permanente agradecimiento de la señora Ingrid Betancourt y de su familia con el Gobierno Colombiano, las Fuerzas Militares y todos aquellos que de una u otra forma, valientemente expusieron su vida por lograr su liberación y la de sus compañeros de cautiverio.
2º) No se ha demandado a nadie, ni al gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación de la señora Ingrid Betancourt.
3º) Refutamos totalmente las informaciones amañadas sobre las condiciones en las cuales se produjo el secuestro de la señora Ingrid Betancourt.
4º) Desde el inicio del trámite de conciliación se me dieron instrucciones de no instaurar ninguna demanda contra el Estado Colombiano.
5º) Pensamos que una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo. 6º) Todo Estado de Derecho ampara a sus ciudadanos víctimas del terrorismo, esperamos que este debate permita adelantar una toma de conciencia de nuestra sociedad en torno a los daños morales que sufren las familias victimas del secuestro y a la legitimidad de sus reparaciones.