Foto: David Campuzano

El 2 de julio de 2008, sin disparar un solo tiro, la 'Operación Jaque' logró la liberación de 15 secuestrados, entre ellos Íngrid Betancourt, tres contratistas de EE.UU. y 11 miembros de la Fuerza Pública.

Casi ocho años después de que asumiera las riendas de Colombia como Jefe de Estado, quizá las dos palabras más pronunciadas, reiteradas y advertidas por Álvaro Uribe Vélez durante su mandato fueron “seguridad democrática”. Una plataforma sobre la cual fundamentó su estilo de gobierno y evidenció que su discurso vehemente contra el terrorismo se materializó en los golpes más certeros a los grupos guerrilleros en casi medio siglo de historia. Muy a pesar de sus enconados críticos o sus yerros, con jugadas de ajedrecista, la ofensiva militar de Uribe Vélez demostró que las Farc sí eran vulnerables y, a falta de uno, tres botones de muestra: Manuel Marulanda, Raúl Reyes e Iván Ríos, tres miembros del Secretariado, ya no existen.

Con todo, las bases que fijó el gobierno Pastrana con el Plan Colombia sustentaron parte de sus éxitos operacionales. No obstante, fue la decisión política del Presidente la que aumentó el pie de fuerza de 313.000 uniformados en 2002 a casi 450.000 en las postrimerías de su administración y reforzó el presupuesto para el sector defensa al punto que para 2010 se aprobó una partida de casi $20 billones, una significativa porción del PIB colombiano. Se crearon brigadas móviles, unidades de inteligencia, batallones contraguerrilla y de alta montaña, compañías antiexplosivos, comandos especiales o distritos militares, estaciones de guardacostas o aeronavales, más buques patrulleros y en los 1.102 municipios hay puestos de policía.

La sensación de seguridad redundó en el incremento de la inversión extranjera, que llegó en 2008 a tasarse en más de 10.500 millones de dólares, cuando en 2002 apenas se registraba una cifra de 2.100. Desde 1997, cuando volvió a reactivarse la figura de la extradición, ningún primer mandatario había hecho efectivos tantos requerimientos, pues en los ocho años de Uribe Vélez, más de mil ciudadanos fueron enviados a distintos países, en 9 de 10 casos por delitos relacionados con el narcotráfico. Del largo listado se cuentan los hermanos Rodríguez Orejuela, los jefes guerrilleros Simón Trinidad y Sonia, David Murcia Guzmán por el fraude piramidal de DMG y la cúpula del paramilitarismo porque, según el Gobierno, incumplió los pactos del proceso de paz.

Aunque en 2006, 1.183 colombianos fueron víctimas de las minas antipersonal, al cierre de su administración apenas se contaban 179. De todas maneras, el número sigue siendo escalofriante. Rezan las estadísticas oficiales que hace ocho años más de 440.000 personas fueron desplazadas. Hacia 2009 se registraron 300.000 menos. En relación con la captura de integrantes de organizaciones criminales, se tiene que en su mandato más de 36.000 fueron judicializados y otros 13.000 han sido abatidos por la Fuerza Pública. Como si fuera poco, la política de recompensas y beneficios de la Ley de Justicia y Paz derivó en la desmovilización de cerca de 51.000 combatientes, y en ese mismo período los homicidios cayeron un 45%, registrándose en 2009 unos 15.800.

El narcotráfico, sin embargo, sigue latente. El año pasado fueron incautadas 203 toneladas de coca, producto del negocio de las bandas emergentes y los carteles de droga. Pero el esfuerzo para combatirlas ha evitado que 70.000 millones de dólares fueran a parar a las arcas de las mafias en los últimos cuatro años. Un informe del Ministerio de Defensa lo pone en perspectiva: con el costo de la producción de coca que salió del país entre 2005 y 2008, valorada a precio de los mercados de Europa y Estados Unidos, “se podrían construir 2.448 hospitales de nivel II y construir más de un millón de viviendas de interés social”. Sería interminable analizar todos los indicadores, pero, sin lugar a dudas, los golpes al corazón de las Farc son la mejor carta de presentación de Álvaro Uribe Vélez en la historia.

Comandantes como Martín Caballero o el Negro Acacio, que por años traficaron a sus anchas en las regiones de los Montes de María y el Guaviare y Vichada, respectivamente, fueron abatidos en 2007. En marzo de 2008, en un bombardeo a su campamento en Sucumbíos (Ecuador), igual suerte corrió Raúl Reyes y sus computadores pusieron al descubierto el entramado internacional de la guerrilla, sus enlaces, colaboradores y dirigentes que la apadrinan a la sombra, muchos de ellos, incluso, en el vecindario. Más allá de la polémica por el ataque en Ecuador, el mundo se enteró de las fachadas, movimientos y estratagemas de las Farc. Mientras el país procesaba tanta información de los PC de Reyes, otros dos míticos de sus comandantes, Iván Ríos y el histórico Manuel Marulanda, murieron. Al primero lo traicionó su jefe de seguridad, alias Rojas. El segundo pereció en la selva.

En julio de 2008, la emblemática ‘Operación Jaque’ devolvió la libertad a 15 ‘canjeables’. Sin hacer un solo disparo, pero con el reproche de la Cruz Roja por haber utilizado sus emblemas para el engaño, Íngrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y 11 uniformados retornaron a sus hogares. Hace apenas mes y medio, en una operación similar, ‘Camaleón’, el general Luis Herlindo Mendieta, otros dos oficiales y un soldado, después de casi 12 años de secuestro, también pudieron abrazar a los suyos. Un rescate que salió bien, pero que pudo ser un fracaso, como lo fue el intento de liberación del ex gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, en 2003. De cualquier forma, Uribe ha corrido muchos riesgos y, en general, ha salido victorioso. El país se acostumbró a su genio y ademanes, aunque algunos sostienen que en su mandato hubo más sensación de seguridad que seguridad efectiva, muchos son los indicadores que puede enrostrar para reivindicar su gestión.