En efecto, la ley ancestral exige que el candidato a asumir cualquier cargo con responsabilidades colectivas, debe primero recibir una preparación espiritual particular acorde con las funciones que va a desarrollar para purificar su espíritu, su cuerpo y su corazón y, una vez cumplido este requisito, posesionarse espiritualmente en alguno de los lugares más sagrados de la Sierra Nevada para comprometerse solemnemente ante los espíritus tutelares de los cerros y las lagunas, a defender y conservar material y espiritualmente este magnífico templo, una de las joyas naturales y humanas más maravillosa de nuestra geografía nacional.
Este acto simbólico por parte del jefe del Estado constituye un merecido reconocimiento a la importancia de los pueblos originarios americanos y siembra una luz de esperanza para el futuro de estos pueblos históricamente sometidos al despojo de sus tierras, a la guerra y al desprecio por sus costumbres y culturas. Pero ¿estarán el presidente Santos y su equipo de gobierno plenamente conscientes de las implicaciones políticas de tal acto simbólico? ¿Podrán enfrentar los poderosos intereses que buscan anteponer los beneficios económicos a costa de la conservación ambiental y cultural de la Sierra?
Hoy graves amenazas se ciernen sobre la conservación de esta estrella hídrica que suministra el agua necesaria para la vida y la producción de la región nororiental de la costa Caribe colombiana. La construcción de megaproyectos que se vienen impulsando desde el gobierno nacional, como las grandes represas que al ocasionar la acidificación del agua remansada causan trastornos notables en los ecosistemas circundantes o la construcción de un puerto carbonífero precisamente sobre “el manglar mejor conservado del Caribe colombiano” de los especialistas y que además afectaría una de las principales lagunas costeras que mantiene el equilibrio del ciclo de las aguas de la vertiente norte de la Sierra, estuario del que se benefician los pescadores artesanales de la región y refugio de aves migratorias y especies animales en vías de extinción; la construcción de nuevos ferrocarriles y carreteras o el fomento de un ecoturismo masivo en lugares sagrados son algunas situaciones que rechazan enfáticamente las autoridades indígenas.
Son cuatro los pueblos americanos encargados por mandato ancestral de la custodia y la conservación material y espiritual de este maravilloso templo natural: Los kogi o Kaggabba, los Wiwa o Arsarios, los Wintukua o Arhuacos y los Kankuamos. Sus representante legales, los gobernadores indígenas, cabezas de las cuatro organizaciones indígenas de la Sierra, han constituido el Consejo Territorial de Cabildos, espacio político desde el cual viene desarrollando desde hace años la defensa de la unidad política y administrativa de los territorios indígenas y, como aconsejaba el mama mayor Valencio Zarabata del Eizuama de Seiyua, armados solamente con la palabra, mediante el dialogo y la concertación con los diferentes gobiernos adelantan iniciativas en defensa de su autonomía, su organización social, sus territorios y sus culturas.
El alto gobierno debe tener en cuenta que además de actos simbólicos se requieren actos concretos de gobierno. Las organizaciones indígenas desde hace muchos años vienen destinando una gran parte de los recursos públicos que reciben para la compra de tierras y, ocasionalmente con ayuda de la cooperación internacional, paso a paso han recuperado tierras más productivas en las parte bajas del macizo montañoso que deberían incluirse legalmente como ampliación de los límites de los resguardos actuales. El apoyo oficial a la iniciativa de constituir legalmente un cordón ambiental y cultural que proteja los principales lugares sagrados de la Línea Negra, el fomento de proyectos productivos locales que remplacen el asistencialismo clientelista hoy tan en boga. En temas como la salud, el anhelo de las autoridades por contar con un Régimen Especial de Salud Intercultural para pueblos indígenas que permita desarrollar la iniciativa de una red pública de instituciones indígenas que presten servicios interculturales de salud en sus territorios, iniciativa que hasta el momento ha mostrado un impacto epidemiológico de gran consideración en los indicadores de salud de las comunidades serranas. Autonomía para alcanzar una educación intercultural que considere las condiciones particulares culturales, sociales y ambientales. En fin, el apoyo gubernamental necesario para impulsar un modelo de desarrollo regional concertado que respete el punto de vista de los mamas y las autoridades indígenas. Ojalá estos posibles actos de gobierno puedan mitigar y reparar, al menos en parte, las dolorosas secuelas personales y colectivas que quedan como consecuencias lógicas del desarrollo de una guerra en los territorios indígenas.
Pero el debate de fondo es sobre el modelo de desarrollo que se quiere aplicar de manera homogénea para todo el país. La flexibilización de este modelo en función de las características regionales, contando con la participación de todos los actores sociales que intervienen en el proceso y valorando debidamente la importancia estratégica de la conservación ambiental anteponiéndola a interés económicos de corto plazo, es un gran desafío para un gobierno que busca la unidad nacional. Como expresaba el gobernador Kogi José de los Santos Sauna: “El desarrollo que queremos para nuestro territorio es bien diferente del que busca imponernos el hermano menor. No luchamos para que nos construyan represas, puertos encima de nuestros lugares sagrados, acueductos, teleféricos o aeropuertos. No queremos ese tipo de desarrollo. Los indígenas buscamos el desarrollo de la naturaleza en el territorio ancestral, queremos más bosques, más ríos limpios, más indígenas. Ese es el desarrollo de nuestros mayores”.