Antes de 1980, el tráfico a través de la frontera mexicana se reducía a marihuana y a pequeñas cantidades de heroína, que eran distribuidas por una gran cantidad de organizaciones dispersas. Casi no se utilizaba esta zona para introducir cocaína. Estos cargamentos ilegales llegaban por las Bahamas o directamente en avionetas que volaban desde Colombia a Florida.

Todo cambió a mediados de los años 80, cuando Washington aumentó el control en el Caribe. Como respuesta a la política de interdicción, los carteles colombianos consolidaron sus relaciones con los principales traficantes mexicanos. Fue cuestión de un par de años para que cerca del 85% de la cocaína ingresara por la frontera méxico-americana. El aumento en el tráfico hizo que comenzaran a surgir carteles como el de Juárez, Sinaloa y Tijuana. Todo se agravó en los años 90, cuando los ‘narcos’ colombianos comenzaron a reemplazar el pago en dólares con cocaína, lo que les permitió a sus socios mexicanos crear su propia red de distribución, con sus propios clientes y sus propias reglas.

En sólo 10 años los carteles mexicanos se consolidaron e infiltraron en todo el gobierno. Vicente Fox, elegido en 2000, intentó reformar el servicio de aduana y la Policía Federal tratando de frenar la descomposición. Sus esfuerzos fueron retomados por su sucesor, Felipe Calderón, quien decidió valerse de la única fuerza que no estaba permeada por el narcotráfico: el Ejército. Más de 45.000 mil hombres están actualmente dedicados a la política anticartel del presidente. La lucha ha traído consigo un estimativo de 22.000 muertes desde 2006, año en que Calderón asumió.

Este contexto de homicidios, que recuerda las épocas de los carteles de Cali y Medellín, ha reabierto el debate sobre la legalización de las drogas. Una vez más la historia ha mostrado que esta es una guerra perdida cuya única victoria —si es que existe— consiste en sacarla del país propio al ajeno. Mientras las instituciones sean débiles, pero el sistema financiero suficientemente desarrollado para lavar activos, se instalará en él este conocido negocio.

Mucho se ha hablado de una línea de legalización entre Colombia, México y Venezuela. De hecho, durante su presidencia, Vicente Fox insistió en el tema. Pero, pese al listado de muertes, la política liderada por los Estados Unidos continúa siendo la prohibición y con ella los altos precios de las drogas, que ofrecen márgenes de un 800% de rentabilidad a ciertos productos como la cocaína. Con tales ganancias, siempre habrá quién intente retomar el negocio así arriesgue su vida.

Hay que celebrar, sin embargo, que se respiren ahora algunos aires de cambio. Por un lado, aunque negó la posibilidad de su legalización, el presidente Obama, durante su discurso del pasado mayo, aceptó la necesidad de redirigir el esfuerzo a la educación. Por el otro, más de 14 estados de EE.UU. han aprobado la despenalización de la marihuana para su uso medicinal. De hecho, el próximo noviembre, California podría convertirse en el primer estado en legalizar la venta y posesión de la marihuana.

Aunque para muchos estos cambios son demasiado modestos, sí muestran, en alguna medida, un debilitamiento del argumento prohibicionista o, por lo menos, un cambio en la actitud que permite que un debate ocurra. El solo hecho de poder discutir de manera más abierta y con más fuerza la posibilidad, así sea paulatina y condicionada, de la legalización de las drogas deja pensar en un fin, no tan lejano, a la lista de muertes producidas por la infructífera guerra.