A pesar del esfuerzo desplegado por el gobierno, éste ya anunció que pasarán cuatro meses antes de que pueda terminarse el rescate. La desesperación de los familiares ha provocado todo tipo de protestas. Entre las pancartas se lee: “La paciencia se convirtió en dolor y el dolor en impaciencia”, “Esto no es un accidente, es un crimen. Cárcel a los culpables”, “Señor presidente, no queremos un genocidio”. Reparos, entre otras, oportunos y legítimos, pues si bien es cierto que el gobierno chileno ha hecho todo lo que está en su poder para mitigar las consecuencias del accidente, también es cierto que ha llegado tarde. En lo corrido del año se habían reportado ya nueve muertos en las minas del municipio de Copiapó. El Servicio Nacional de Geología y Minería, indiferente, mantuvo sin regulación los yacimientos.
Juzgar simplemente el letargo del gobierno chileno es, de todas formas, como lo dice la expresión popular, ver la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga en el propio. Entre los incidentes registrados en nuestro país, sólo en lo corrido del año figuran cuatro muertos de la explosión en la mina La Esperanza, dos que perecieron por la acumulación de dióxido de carbono en Tunja, 73 de la explosión de la mina de San Fernando en Antioquia, dos de la mina El Totumo de Boyacá y cuatro muertos más a comienzos de este mes en El Cerrejón. Estos accidentes son tristemente sólo una pequeña fracción del problema. Expertos consideran que se podría hablar de dos a tres heridos diarios en el país y de la misma cantidad de muertos. Sin embargo, con estas cifras sólo se especula. Ni el Gobierno ni los medios nos hemos comprometido con registros serios.
Esto último es aún más preocupante que los mismos accidentes, pues dice bastante del peso que le otorga el país a la seguridad industrial. Nos importa tan poco lo que les sucede a los mineros, que ni siquiera nos tomamos la molestia de contabilizar sus bajas. Actitud censurable por donde quiera que se le mire, en especial teniendo en cuenta que la legislación minera cumple con los estándares internacionales. Aunque lleva más de 20 años y le caben un par de actualizaciones, la reglamentación es en general buena. El tema sí se ha trabajado en el país. El problema es que no ha salido del Congreso. La negligencia en la vigilancia es considerable. Los entes de control delegan y delegan, al punto que no es claro siquiera en quién debe recaer la responsabilidad.
En el país, el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los protocolos y los requerimientos de seguridad por parte de las empresas mineras es el Ministerio de Minas y Energía. Esta cartera le cede usualmente la tarea a Ingeominas, institución que a su vez se la encarga a gobiernos locales como gobernaciones y alcaldías. Éstos, por su parte, se la delegan a algún funcionario, que normalmente no es de planta sino contratista. Para agravar las cosas: suponiendo que la cadena no falle y el inspector sea en efecto competente, el proceso para cerrar una mina tarda meses. En Colombia, a diferencia de muchos otros países, la vida de los trabajadores se arriesga en aras de la burocracia.
Claro, hay que aceptar que varios accidentes suceden por empleados descuidados. Sin embargo, el hecho de que las multinacionales, que tienen que cumplir con los protocolos y manejos de sus casas matrices, reflejen un número de accidentes mucho menor que las empresas locales, evidencia una falencia nacional. No es insensato sugerir, en especial ante la muy anunciada bonanza minero-energética, que se considere la creación de una administración independiente para el control de la seguridad industrial, que además sea corresponsable de los accidentes. Haría mal el Gobierno al preocuparse por aprovechar la extracción de recursos sin asegurarse que no vaya a traer consigo una larga sucesión de accidentes.