El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, urgió a la justicia penal militar a trasladar a la ordinaria las investigaciones por las ejecuciones de civiles atribuidas a miembros de la fuerza pública.
"Tenemos preocupación porque la transferencia de casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales de la justicia penal militar a la justicia ordinaria ha bajado drásticamente" en Colombia, dijo Salazar.
Añadió que en 2009, "según datos de la justicia penal militar, 267 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron trasladados a la justicia ordinaria (y) este año sólo 7 casos han sido trasladados.
Salazar dijo que "existen 82 casos en los cuales hay conflicto entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria".
"Es importante que el gobierno se preocupe por esta situación. La política oficial es clara, y es buena (...). Nuestro pedido al gobierno es que comience a esclarecer qué está pasando en estos casos", enfatizó.
Añadió que una de las áreas que más preocupa a la ONU "tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales" atribuidas a militares, policías y otros agentes del Estado acusados de matar a civiles y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate, una práctica conocida en Colombia como "falsos positivos".
"En este día es importante señalar que el país tiene derecho a conocer la dimensión entera de este problema. La Fiscalía está investigando ahora unos 1.400 casos, con unas 2.400 víctimas, entre estas 126 son menores de edad. Pero esta no es la totalidad de casos", dijo Salazar.
El escándalo por los 'falsos positivos' estalló a fines de 2008, cuando varias mujeres denunciaron que 14 jóvenes de la ciudad de Soacha, próxima a Bogotá, aparecieron muertos en el noreste del país y fueron reportados falsamente por el Ejército como guerrilleros izquierdistas muertos en combates.