Su oposición se ha sentido en varios frentes, entre ellos, en el acompañamiento al proyecto de la Clínica de la Mujer en Medellín cuando se anunció que ésta iba a practicarlos, en la reciente petición para revisar con detenimiento todas las instituciones que tomaron la misma iniciativa y en la decisión del año pasado de no continuar con la asesoría de la organización Women’s Link Worldwide que, entre otras cosas, es dirigida por Mónica Roa, la abogada que impulsó el proyecto de despenalización.

A pesar del recelo y el malestar que han suscitado sus posturas, esta semana el Procurador radicará un proyecto de ley que, de aprobarse, conseguiría que cualquier persona pueda objetar conciencia y abstenerse de practicar el aborto, participar en decisiones relacionadas e instruir sobre los casos en que está ya despenalizado. El primer punto busca respetar “las convicciones de la vida o el matrimonio” de los médicos, el segundo, de los jueces, autoridades disciplinarias y notarios, y el último pretende bloquear las campañas de educación sexual y reproductiva que decretó la Corte el año pasado en el marco de escandalosos casos de EPS que se negaron a interrumpir embarazos pese a que cumplían con los requisitos estipulados. Así las cosas, si la intención del jefe del Ministerio Público prospera, no sólo se dificultaría la práctica del aborto en los casos despenalizados, sino que se bloquearía el conocimiento de tal sentencia, pues ni rectores ni profesores estarían en la obligación de dictar la polémica cátedra que decretó la Corte.

La cruzada del Procurador coincide, y contrasta, con el aniversario de Profamilia, institución que tuvo la valentía de difundir en los años 70 los métodos de planificación familiar. En su momento, tal iniciativa tuvo las más fuertes resistencias por parte de sectores conservadores y de la Iglesia. “Todo acto sexual debe estar abierto a la vida”, se insistía citando la encíclica Humanae vitae divulgada por el papa Pablo VI antes de visitar el país en 1968. Por mucho, insistían los menos radicales, deberían permitirse para “las mujeres de la vida alegre”, pero no para familias de bien, como lo recordó Nicolás Rodríguez en una de sus columnas. Esta resistencia fue vencida, por fortuna, y la institución, bajo la dirección del doctor Fernando Tamayo, logró que fuera decisión de las mujeres la procreación. Hoy, como lo señala Marcela Lleras Puga, otra de nuestras columnistas, los métodos de planificación se han extendido, a pesar de la generalización del machismo, también a los hombres.

Queda entonces sólo esperar que, una vez más, los argumentos de aquellos que dicen conocer el orden natural no triunfen sobre la tercera causa de mortalidad materna en el país. Sería lamentable tanto que el reino de los cielos quiera tomar las riendas de la política después de su afortunada separación, como que cientos de mujeres sigan muriendo por la reticencia de las autoridades de trabajar a su favor. Llegar a la justicia y a las aulas es ya llegar demasiado lejos. Una cosa es que los médicos puedan objetar conciencia y no intervenir el embarazo en los casos amparados por la Constitución y otra muy distinta entorpecer todo el proceso legal que lo respalda y la voluntad pedagógica que lo divulga. Las mujeres tienen derecho a conocer sus opciones y valerse sin dificultades de ellas. Ojalá Profamilia y sus servidores se instauren como el ejemplo a seguir y no funcionarios cuyos poderes se siguen extralimitando.