Aunque es censurable que el eco de las discusiones crezca en proporción directa a la clase social —realidad en buena medida generada por nosotros los medios—, no está de más aprovechar la coyuntura para insistir en este problema, que si bien no es nuevo, los niveles de agresión juvenil que viene reflejando el país son en cualquier contexto preocupantes. Cuando una niña cita a otra por fuera de horas curriculares y la acuchilla por un lío amoroso, como fue el caso del colegio público de Usme hace dos meses, y cuando otro, sólo por saludar, termina con 50 puntos en la cara, como fue el reciente caso de los colegios privados en Bogotá, no cabe seguir diciendo que se trata de líos menores de adolescentes rebeldes. Abordar estas problemáticas como chiquilladas inofensivas es dejar en el limbo las medidas para solucionarlas.
En el caso de los colegios públicos es claro que el país necesita meterse la mano al bolsillo y, así como amplió la cobertura, debe ampliar la calidad. Hay que formar personas capaces de enseñar a menores los contenidos de las distintas materias y de transmitirles los valores fundamentales para la convivencia. Además, el Estado debe eventualmente extender las jornadas de los colegios públicos eliminando el muy dañino esquema de las dobles jornadas. Los niños y jóvenes tienen que poder estar en un ambiente sano mientras que sus padres, que no pueden prescindir de su trabajo, llegan a las casas. La dificultad para implementar este cambio se encuentra, por supuesto, en los recursos. Sin embargo, la retribución individual y social de la educación es tan alta, que no es retórica que más escuelas sean menos armas.
No obstante, más recursos, si bien alivian los problemas más evidentes, no los soluciona todos como se ve con el caso de los colegios privados en Bogotá que, por lo demás, estuvieron incluidos en el estudio sobre violencia escolar contratado por la Secretaría de Gobierno en 2006. La investigación, que cubrió cerca de mil centros de educación, estableció, entre otras cosas, que uno de cada tres estudiantes ha sido objeto de golpes y maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones educativas; cifras que por los titulares de este año no parecen haber cambiado. Sería bueno, sin embargo, no tener que guiarnos por los titulares y contar más seguido con estudios de esa seriedad, pues los expertos siguen sin saber muy bien la diferencia exacta entre la violencia de los colegios públicos y privados, entre muchas otras precisiones.
Sin desconocer las investigaciones y avances en este campo, es de aceptar que la educación como ciencia es bastante reciente en el país y que todavía no se ha consolidado. Tenemos que hacer referencia a otras latitudes para pensar nuestra realidad, cuando deberíamos tener muchas más cifras y observaciones propias. Aunque hay expertos serios que han entregado su vida a la profesión y representan puntos de referencia obligados cuando se abordan estos temas, la idea que tenemos de nuestra problemática es todavía muy gruesa. Conocemos los problemas más ciertos, sin embargo, en los más sutiles hay demasiada conjetura. Antes de lanzarles la culpa a padres, rectores o al Estado —y, en especial, antes de considerar detectores de metales y cámaras en las instituciones—, es necesario tomarse en serio a los profesionales del área y darles los medios para que vayan elaborando estudios que arrojen más luces que las que ahora tenemos.