Como una afrenta calificó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, la condición de catedrático de la que gozaría el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien dictará clases de historia, conflicto, administración y lucha contra el narcotráfico a oficiales y suboficiales que estén en curso de ascenso desde su lugar de reclusión en el Cantón Norte.
La ONG, dirigida por Viviana Krsticevic, señaló que la experiencia como mando militar dejada por el oficial (r), su actitud en contra la justicia y su condición de valores en nada pueden contribuir como ejemplo a otros uniformados, por cuanto consideran como un ‘despropósito’ el que se le permita estar al frente de tales procedimientos.
“Por un lado, es un despropósito que un Coronel condenado penalmente por encabezar un operativo militar que resultó en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, en uno de los casos más emblemáticos de la historia colombiana reciente, sea considerado una persona idónea para dictar clases a miembros del Ejército. Recordemos que Plazas Vega no sólo niega su culpabilidad, sino que nunca ha demostrado arrepentimiento por los crímenes cometidos, ni ha pedido perdón a las víctimas” indicó Cejil.
Añadió que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención a las autoridades colombianas alrededor de lo imperioso que es que los agentes de la fuerza pública no solo respeten sino que promuevan la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, por cuanto la inclusión de Plazas Vega a este tipo de actividades no deja el mejor mensaje para la sociedad en esa materia.
“ (…) En este caso, los responsables de su designación transmiten tanto a los militares en ascenso como al resto de la sociedad colombiana, que el Coronel Plazas, aun siendo un criminal convicto por abusos a los derechos humanos y al derecho humanitario, es una persona que posee las cualidades morales y profesionales útiles para la formación del Ejército. Con su decisión desoyen abiertamente la determinación de la justicia colombiana y ofenden la dignidad de las víctimas del Palacio de Justicia”, insiste la organización.
Además, Cejil insiste en que la misma Comisión ha instado a las autoridades nacionales a abstenerse de otorgar beneficios a agentes de la fuerza pública que sean condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad; para el organismo multilateral, es violatorio del derecho a la justicia de las víctimas el permitirles a los militares que sus condenas se cumplan en guarniciones castrenses y no en cárceles.
La ONG criticó el hecho de que la defensa del Oficial (r) haya acusado graves afecciones de salud para evitar que fuera trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá y que ahora incluso esté en condiciones de salud tan buenas como para dictar una clase.
Sin embargo, la defensa del ex uniformado ha presentado registros de los galenos del Hospital Militar Central en los que se advierten los padecimientos síquicos que aquejaban a Plazas Vega y que imposibilitaban su traslado a un centro de reclusión.
Aún cuando la parte civil alega que el Instituto Nacional de Medicina Legal ha desvirtuado tal severidad en la condición de salud del hoy condenado, su abogado, Jaime Granados ha presentado escritos que le han permitido a su cliente abstenerse de cumplir algunas citaciones de despachos judiciales.