“Con cacerolas y pitos en mano”, los capitalinos que deseen unirse deberán presionar, desde sus hogares y trabajos, para que la administración distrital responda por la parálisis en que se encuentra la ciudad. Esta manifestación, que replica las protestas por crisis sociales en Chile y Argentina, es la primera en contra de una de las problemáticas que definirá más de un eslogan en los afiches de publicidad para las elecciones regionales de octubre del año que viene. Sin duda, evitar que los bogotanos sigan perdiendo en promedio dos horas diarias en la congestión de la ciudad puede definir cuál de los candidatos termine dominando las urnas.
La protesta, sin embargo, no se explica sólo por los agravios al derecho de movilidad de los capitalinos. Los intereses políticos, por estar ad portas de la campaña electoral, comienzan a entretejerse. En especial, porque la impopularidad que ha alcanzado el alcalde Samuel Moreno —y ahora más tras las nuevas revelaciones por el escándalo de aparente corrupción en la contratación distrital— deja el camino libre para que sea otro quien lo releve, y no precisamente alguien de su mismo partido. De aquí, entonces, que todos los demás, incluso los que han cogobernado con el Polo Democrático, aprovechen la oportunidad para cambiar de “amigos”. No en vano las agresiones verbales entre diversos actores de la política local han subido tanto de tono. Es claro que detrás del debate no hay un mero desacuerdo sobre la forma de dirigir a la ciudad, sino también un oportunismo de la U, por un lado, y por el otro, el resentimiento del gobierno distrital por la ingratitud de sus antiguos aliados; resentimiento que incluso llevó a que se prohibieran las vallas que anunciaban la protesta.
Prohibición injustificada. Independientemente de los motivos últimos de los organizadores del ‘cacerolazo’, la protesta es pertinente y legítima. Contrario a lo que vienen sugiriendo el alcalde Moreno y sus coequiperos, el senador Iván Moreno y la representante Alba Luz Pinilla, el problema de la movilidad no es del 14% de la población que tiene carro, que ha hecho mucho ruido por la implementación de ciertas medidas. De hecho, si algo ha demostrado una de ellas, el Pico y Placa, es que los más ricos la han burlado duplicando el número de sus vehículos. Además, el tráfico taponado por un improvisado plan de obras viales afecta por igual a los automóviles privados y a los de transporte público. ¿O acaso se está sugiriendo que, dado que los usuarios de transporte público están acostumbrados al maltrato, una demora mayor en sus trayectos es asunto de poca monta?
Así pues, sin justificar el oportunismo de la U e incluso de algunos de los grupos solidarios como la Federación de Sanandresitos y el gremio de los taxistas, cuyos intereses se han visto entorpecidos por la administración, la ausencia de resultados en medio de crecientes escándalos de corrupción es motivo más que suficiente para que los habitantes de la ciudad que así lo deseen salgan a protestar. La movilidad no es un lujo. Las personas necesitan poder llegar a trabajar. Ojalá esto lo entienda rápido la administración y, en lugar de prohibir vallas, evidencie con logros concretos que tal manifestación no tenía sentido y que todos y cada uno de los que la apoyaron se equivocaron. Seríamos los primeros en celebrarlo.