“Es realmente muy difícil para un gobierno meter a la cárcel a un campesino que está sembrando marihuana para venderla a los californianos”, aseveró Felipe Calderón, quien concluyó que “no se puede criminalizar y legalizar al mismo tiempo”. “Tenemos la autoridad moral para exigir una conversación franca que defina hacia dónde vamos, como socios e iguales, en esta lucha”, agregó Juan Manuel Santos, quien subrayó que los latinoamericanos han puesto “muchos muertos” y han hecho “muchos sacrificios” como para no exigir coherencia. El gobierno estadounidense pidió esperar los resultados. Sin embargo, es claro que el debate va mucho más allá de este referendo.
Más que cualquier otra cosa, la Proposición 19 es resultado de la popularidad de esta droga en Estados Unidos, donde desde hace años se vende el cannabis legalmente con fines médicos. Actualmente, en 14 estados y en Washington es posible adquirir esta sustancia de forma regulada. Tan normalizado está el negocio, que en algunos lugares los llamados “doctores marihuana”, encargados de emitir las licencias para el consumo, buscan a sus clientes en la calle. Varios estudios sugieren que de legalizarse esta droga las cosas seguirían en el mismo orden. Los países “exportadores” continuarían entrando al mercado a competir con la ultrapotente marihuana californiana y, a menos que ésta comenzara a filtrarse en Estados Unidos, los precios seguirían constantes y, con ellos, las ganancias. De esta manera, si California legaliza, nada cambiaría. Pero el costo político para el principal país consumidor sería muy alto y, hábilmente, los dos países abanderados en el tema han aprovechado de manera inteligente la oportunidad.
Desde hace tiempo es bien sabido que el prohibicionismo y la criminalización que de éste se desprende han costado muchas vidas, quizás incluso más de las que han pretendido salvar. Además, de forma injustificada. Las drogas son un problema de salud pública que en esencia se puede manejar como el tabaco y el alcohol, no un delito que lesiona de manera radical la jerarquía de valores de nuestra sociedad como puede ocurrir con la trata de blancas o la pornografía infantil. Pero mientras los países consumidores no cambien sus políticas, sería suicida que los países productores cedieran al poder criminal que la ilegalidad de su comercio y consumo alimenta. No existe la opción de desistir en el esfuerzo. Sin embargo, si la coyuntura ofrece la excusa, bien cabe revaluar las reglas de juego.
Que esta es la posición de los mandatarios de Colombia y México es bastante evidente. No en vano insisten en la coherencia y dejan de lado los demás argumentos que supuestamente justifican la lucha. Es más, ni siquiera cuestionan la actitud de los californianos: “No estamos sugiriendo que se suspenda el referendo”, aseguró Santos. Pero aclaró: “Si todo lo que estamos haciendo es enviar a nuestros conciudadanos a prisión mientras en otras latitudes se legaliza el mercado, entonces debemos preguntarnos: ¿no es hora de revisar la estrategia global frente a las drogas?”. De este episodio no resultará la legalización de las drogas, ciertamente. Sin embargo, Colombia y México han plantado la bandera que permite iniciar un debate que estaba pendiente y en el que con toda autoridad pueden llevar la vocería. Gane o pierda el Sí en el referendo, se ha abierto ya una puerta para analizar con serenidad maneras menos miopes de enfrentar el dilema global de las drogas. Y eso es un gran avance.