Los recientes hechos, que involucran una disputa territorial con Costa Rica, han dado pie para que el gobierno de Daniel Ortega invoque el fantasma del nacionalismo para solidificarse tras innecesarios escarceos militares en la frontera con su vecino del sur.
De esta forma se puede entender el que militares nicaragüenses, según la denuncia que presentó el gobierno costarricense ante la OEA, hayan ingresado a la isla Calero, sobre el río San Juan, lo que motivó el desplazamiento de un destacamento de policía a la zona de conflicto para garantizar la soberanía. Costa Rica abolió el Ejército en 1948, asumiendo una actitud pacifista que le ha valido el respeto y el reconocimiento internacionales. De ahí que un tema que se debería resolver mediante el diálogo bilateral, haya escalado hacia una escaramuza militar que tiene mucho de acto de provocación. Si Nicaragua considera que tiene legítimos derechos territoriales sobre la isla, ha debido seguir el camino del entendimiento y no las trochas amenazantes del uso de la fuerza.
El año pasado la Corte Internacional de Justicia determinó que el río San Juan, frontera natural entre los dos países, pertenece a Nicaragua, pero que Costa Rica tiene derecho a su navegación. Ahora Managua considera que no ha invadido el país vecino, pues hace presencia en su propio territorio. El tema fue llevado ante la OEA, que actuó con gran celeridad pues su secretario general, José Miguel Insulza, viajó a las dos capitales y a la zona de conflicto, y el viernes anterior decidió por mayoría solicitar el retiro de las tropas nicaragüenses y la búsqueda de una solución pacífica que involucre la participación de una comisión designada para tal fin. Esta sensata decisión generó el rechazo de Ortega, quien ha cerrado filas con sus opositores y la sociedad civil frente a su reivindicación territorial. Costa Rica, por su parte, mantiene su vocación pacifista acudiendo a los principios del Derecho Internacional del no uso de la fuerza para reclamar territorios que se supone son propios.
Por ahora el tema queda en tablas, pues la presidenta Laura Chinchilla dio un plazo hasta el 27 de noviembre para que los soldados nicas se retiren. El presidente Ortega insiste en que están en su propio territorio y ha amenazado con retirarse de la OEA, luego de las decisiones adoptadas que no lo favorecen, y elevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. Costa Rica, por su lado, ha dicho que podría llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU o, incluso, llegar a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que se aplica cuando un Estado americano es atacado por otro. Sin embargo, es probable que las cosas no tengan que llegar a otras instancias mayores, en la medida en que el diálogo bilateral, con la labor de buenos oficios o mediación que puedan desarrollar otros actores, termine por limar las asperezas.
Infortunadamente el presidente Ortega ha querido involucrar de nuevo a Colombia, al mencionar que se trata de un plan conjunto con otros países de la región, incluyendo a México, Guatemala, Panamá y Honduras, para atentar contra la soberanía nicaragüense. Una idea tan absurda y descabellada ha recibido el prudente silencio de nuestro gobierno, que no debe caer en este tipo de provocaciones. Lo cierto es que el presidente de Nicaragua ya logró que, en medio de la crisis económica y los escándalos de corrupción, la mayoría de los nicas caigan en el juego nacionalista. De esta manera se posiciona de nuevo Daniel Ortega para unas elecciones, el año entrante, en las cuales pretende hacerse reelegir y para las cuales, sin lugar a dudas, la cortina de humo que ha lanzado le viene como anillo al dedo.