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En principio, los cables publicados no contienen muchas sorpresas para quien haya seguido de cerca los acontecimientos de la Colombia de estas épocas, pero ciertamente, como en todos los países donde se han desvelado conversaciones secretas de altos funcionarios, éstos han quedado expuestos de manera por demás embarazosa.
Tal es el caso del director general de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, sobre quien se han levantado dedos acusadores porque, según dice un reporte secreto del ex embajador William Brownfield, "aunque no tenía prueba, y en el momento era una mera conjetura, dijo que sospechaba que el secretario de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, y posiblemente el asesor José Obdulio Gaviria habían ordenado los seguimientos ilegales" del DAS.
Por supuesto que es criticable que el director de la Policía Nacional, cuya investidura no es la de un ciudadano cualquiera, no haya medido sus palabras al entrar en contacto con un agente de un gobierno extranjero. De hecho, de todo lo conocido hasta ahora, quizá lo más sorprendente sea evidenciar el desparpajo con que tanto líder nacional -y faltará ver en los cables por publicar cuántos más habrá- acude ante el enviado estadounidense a tramitar asuntos domésticos, cual si estuviéramos en una especie de virreinato. Empero, el contexto en que se pudo dar esa conversación informal, comenzando precisamente por su carácter off the record, no se puede desdeñar.
Reclamar ahora, como se ha hecho, que el general Naranjo ha cometido una traición o que incluso ha tenido una actuación delictuosa -por no haber denunciado un delito que conocía o por haber revelado secretos de Estado, según se argumenta- es un despropósito. Como también lo es recoger la crítica, válida eso sí, de una columnista por haber recibido recientemente un reconocimiento como agente especial honorario de la DEA para presentar al director de la Policía como algo menos que un infiltrado, un agente al servicio de un gobierno extranjero. Ni hablar del chantaje al Presidente de la República con la presunción fantasiosa de una acusación en su contra por parte del general.
Lo natural es que las interceptaciones ilegales del DAS -porque fueron ilegales- sean motivo de profunda preocupación para cualquier servidor público, como los son para el resto de los colombianos. Y la conjetura expresada off the record por el general Naranjo al ex embajador no es diferente de la que muchos en el país han tenido desde el mismo momento en que se descubrieron los seguimientos. La justicia está, de hecho, investigando y allegando pruebas, y mientras no lleguen las decisiones, la comentada sospecha no quedará despejada. El general Naranjo no hizo una acusación expresa, simplemente dejó conocer, de manera informal, su sospecha a un gobierno que, por lo demás, es un aliado en la batalla contra la criminalidad.
¿No puede alguien sospechar de un compañero de trabajo? ¿No puede alguien, en la intimidad de una conversación privada, mencionar sus inquietudes, tanto más si se trata de actuaciones por fuera de la ley? Como dijo en The New York Times recientemente el columnista David Brooks, "dependemos de esas conversaciones humanas para el limitado orden que disfrutamos día a día". Así como en estas páginas hemos defendido el beneficio de las filtraciones de Wikileaks, y el derecho ciudadano a conocer los secretos, igual defendemos el derecho al uso del off the record con propósitos nobles.