A las presiones de Pekín cedieron sólo naciones caracterizadas por su radical e histórico menosprecio por los Derechos Humanos. El mes pasado, sin embargo, bien por decisión autónoma del embajador ante la ONU, o bien por orden de la Cancillería, el país no se salvó de quedar mal parado y en el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas se mostró más afín a Afganistán, Cuba y Sudán, que a Europa, Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica. Colombia, de manera incomprensible y, por lo demás, inexcusable, prefirió abstenerse y no rechazar la resolución especial sobre ejecuciones extrajudiciales —homicidios intencionales asociados a la denominadas ‘operaciones de limpieza social’— que buscaba excluir la orientación sexual e identidad de género de la lista de grupos minoritarios segregados, estigmatizados y violentados.

Valió poco que en los países que secundaron la supresión del Comentario General 20, que había incluido hace 10 años al grupo LGBT en la lista, la homosexualidad estuviera castigada con cárcel, trabajos forzados o pena de muerte. Colombia, a pesar del horror de las implicaciones, se mantuvo al margen de la discusión y se negó a pronunciarse en contra. Posición avergonzante, pues en estos casos el silencio es ciertamente cómplice. El país, así nos cueste creerlo, contribuyó con su voto a respaldar el aterrador mensaje de la controvertida resolución: no está mal matar a homosexuales y a bisexuales, y tal vez, menos aún a transgeneristas y a intersexuales. Y, lo que es peor, al hacerlo, contribuyó a que con una votación de 79 países a favor, 70 en contra y 42 abstenciones o ausencias, la referencia fuera el 16 de noviembre eliminada. Por este resultado, en general, hay mucho que reprochársele a la ONU, pero dada nuestra humillante elección no podemos más sino guardar silencio.

Mientras tanto, en el país, sólo en 2009, según tuvo conocimiento Colombia Diversa, 127 personas LGBT fueron asesinadas. De ellas, por las características de sus muertes, se cree razonablemente que en 46 de los casos la motivación fue el prejuicio contra la orientación e identidad sexual. Para 2010, aunque no hay datos completos, la cuenta va en 52. Todo esto sin sumar la persistencia en la circulación de al menos 13 formas de panfletos contra las personas LGBT en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Sucre, Cundinamarca y Córdoba. Además, en el informe del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, quien presentó su evaluación del país este año, se lee claramente: “Entre las personas elegidas como blanco de homicidios por las fuerzas estatales y los grupos armados ilegales de Colombia figuran de manera prominente (…) lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”.

Aunque el informe del Relator, retrasado años enteros por el anterior Gobierno, más que en la persecución a grupos marginados se concentre en los “falsos positivos”, es muy diciente la notificación. Colombia tiene un problema de respeto a los Derechos Humanos y, en particular, en el respeto a ciertas minorías. ¿Qué se busca entonces con la abstención en el Tercer Comité? Ojalá se trate de un mero descuido. Por ello se espera que la canciller María Ángela Holguín, de la misma forma como ha podido poner en orden las relaciones con la región, sea capaz de poner también en orden a sus funcionarios y evite estos peligrosos deslices. Afortunadamente, el 20 de este mes se votará de nuevo la resolución en la Asamblea General, y el país podrá replantear su abstención.