El Gobierno no ha escatimado esfuerzos para sacarlo adelante y el balance, después de las primeras rondas en el Congreso, es favorable; incluso a pesar de tropiezos como la disposición de la Cámara de Representantes de fijar el año 1991 como referente temporal para el reconocimiento. Excluir sin justificación a gran parte de las víctimas de la Unión Patriótica y de las terribles masacres de los ochentas, como las de Segovia y Trujillo, es una acción, además de arbitraria, opuesta al espíritu de inclusión que la Ley representa. Unificar al país en un propósito común significa acoger, no discriminar. Y si bien es cierto que se requiere de una fecha de inicio, ésta debe permitir la reconciliación con el Estado. Finalmente, el reconocimiento a las víctimas no es un mero acto de solidaridad, sino una mención expresa a la responsabilidad estatal en el conflicto armado. ¿Cuál es el propósito de todo este esfuerzo si no es reanudar el pacto social que nos permite vivir en una sociedad armónica?
Afortunadamente, este cambio sobre el texto inicial no está sellado y podrá corregirse, como se debe, en su paso por el Senado, que se inicia en marzo del próximo año. En el mismo sentido, deberá intentarse corregir la exclusión de las parejas del mismo sexo en la reparación. Mal haría el país al desconocer a miembros de la sociedad que han sido duramente perseguidos por el conflicto armado. “Entre las personas elegidas como blanco de homicidios por las fuerzas estatales y los grupos armados ilegales de Colombia figuran de manera prominente (…) lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”, asegura Philip Alston, relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, en su reciente informe. Esta rectificación, por necesaria que parezca, será sin embargo difícil; como siempre, muchos intereses se mueven al tiempo en el Congreso. Al menos, ya en esta versión del proyecto, los abusos perpetrados por las fuerzas estatales serán también considerados abusos. Dejar de lado la insensata pretensión del pasado gobierno de discriminar por victimario es tal vez uno de los logros más importantes del nuevo proyecto.
A este avance se suma el interés que ha suscitado el Proyecto de Ley de Víctimas en la clase política y en la opinión pública. El consenso logrado en el país sobre su importancia y el ambiente menos polarizado que ha ofrecido la Unidad Nacional han sido fundamentales para discutir de forma ponderada el proyecto. Aunque hay quienes han intentado torpedear el proceso con argumentos como la inviabilidad financiera de la reparación, en general, el apoyo que han recibido las víctimas ha sido mayor. Tanto es así, que ya junto con los retos legislativos, varios congresistas han comenzado a enumerar los de su implementación. De esta manera, al dar por hecho que el proyecto —bien en su versión actual o bien con algunos cambios— será aprobado, la discusión sobre cómo ponerlo en práctica ha comenzado a llenar los debates y no sin razón: todo el valor simbólico de la reparación desaparecerá si el Estado, una vez más, falla.
De aquí que no sea menor el reto de la administración Santos. Tal como van las cosas, el Congreso le está dando vía libre al Ejecutivo para manejar la reparación administrativa de los cerca de 4 millones víctimas del país. Muchos están considerando la necesidad de reglamentar puntos de la Ley para direccionar, dentro de los principios generales, al Gobierno. No obstante, todo parece señalar que el margen de maniobra será amplio y, por ello, también grande la responsabilidad que recaerá sobre la administración. Una gran prueba para la voluntad política del Presidente y para proyectos como la ley de tierras, que serán claves para hacer completa la reivindicación del Estado. Pero de lograrlo, enmendando las exclusiones, pasaremos a otro capítulo de la historia.