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Corte Suprema le responde al Gobierno

En un comunicado de siete puntos, leído por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez, los 23 magistrados del Tribunal aseguraron que el fallo es un "estudio serio, objetivo y ponderado de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso".

"En ningún momento hubo abuso de poder", dijo Ricaurte, al tiempo que se refirió al contenido del fallo condenatorio contra Medina como "eminentemente jurídico, que carece de motivaciones a las estrictamente constitucionales y legales".

El comunicado aclara que no se pretende causar conflicto ni afectar la institucionalidad del país, pero "exhorta al Gobierno Nacional a acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, así como las de cualquier Juez de la República, dado que ellas obedecen al ejercicio autónomo e independuiente del poder jurisdiccional". Y advierten que cualquier injerencia a la Rama Judicial "resquebraja y desquicia la democracia y el Estado Social de Derecho".

De igual forma, rechazan enérgicamente las descalificaciones, agravios e imputaciones contenidas en la alocuion del 26 de julio, dado que de ningún modo se ha presionado al Presidente o al Congreso, ni tampoco la Corte ha aplicado criterios de justicia selectiva y ninguno de sus miembros cohonesta el terrorismo.

Igual se aclara que la Corte nunca ha protestado por la decisión del presidente Álvaro Uribe de extraditar a los 14 jefes paramilitares sino que se requirió una explicación del Jefe del Estado para definir las competencias del Alto Tribunal en torno a los procesos que hoy se cursan dentro de la Ley de Justicia y Paz. "La Sala de Casación Penal ha emitido 912 conceptos favorables sobre extradición", dice el comunicado, con lo que se quiso evidenciar que no existe ninguna limitación sobre este tema.

Y le aclaran a la opinión pública que la solicitud de revisión de copias de la sentencia condenatoria contra la ex congresista Yidis Medina a la Corte Constitucional y la Procuraduría, no fue un acto "caprichoso, abusivo o desestabilizador". Explican que tuvo como fundamento la Constitución Política, los instrumenos internacionales y específicamente el artículo 21 de la Ley 600 de 2000, en que se impone a los jueces de la República la obligatoriedad de -una vez verificada la existencia de un delito y la responsabilidad de su autor- generar las revisiones que estén a lugar.

Fueron enfáticos los magistrados de la Corte Constitucional en que "no buscan entrar en generar polémicas estériles".