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Pero Victoria Restrepo, directora del Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos (PIC), iniciativa gubernamental surgida en 2002, confía en que pronto se podrá neutralizar esos artefactos.
Restrepo señaló que de los 18 trabajadores muertos en lo que va de año, 11 perecieron por esas minas plásticas, casi imposible de ubicar por los equipos de detectores metálicos. El resto ha muerto por accidentes o por causas naturales, dijo Restrepo. Desde el comienzo del programa la cifra de víctimas asciende a 40, según datos del Programa.
Jorge Rojas, asesor del Programa Presidencial para la Atención Integral Contra Minas Antipersonal (PAICMA) , destacó la complejidad de este nuevo tipo de minas "que dificultan su detección y aumentan su letalidad".
Según Rojas, al ser minas plásticas su ubicación se hace casi imposible. "Estamos avanzando en la implementación de técnicas de desminado mecánico" o con máquina en cooperación con Japón, por ejemplo. Así mismo, se están desarrollando trabajos de detección con perros, dijo el asesor.
En la actualidad el programa cuenta con 6.913 erradicadores manuales, divididos en 223 grupos, todos hombres que cobran al mes 550.000 pesos (305 dólares), o poco más por encima del salario mínimo mensual de 463.000 pesos (257 dólares).
Los integrantes de estos grupos móviles intervienen exclusivamente en áreas de difícil acceso y en las que no pueden adelantarse procesos de "erradicación voluntaria": otro programa gubernamental del PIC llamado "Familias Guardabosques" que se comprometen a no tener cultivos ilícitos en sus lotes de tierra y a cambio de ello reciben del gobierno el equivalente a unos 2.000 dólares por año y medio.
Pasado ese plazo se supone que la familia, que además ha recibido capacitación técnica del programa sobre los perjuicios de los cultivos ilegales, así como los daños ambientales que provoca y el impacto social de las drogas, se espera que no reincida en los sembradíos ilegales.
Bajo la protección de las fuerzas militares, los erradicadores manuales, que en su inmensa mayoría son campesinos, se desplazan entre distintas localidades y a lo largo de 60 días arrancan con sus manos matas de coca.
Tras esos dos meses de labores, los trabajadores vuelven a sus municipios a descansar de siete a 15 días y luego salir nuevamente a los campos por otros dos meses.
De acuerdo con Restrepo, los erradicadores deben hacer su trabajo en municipios distintos a donde viven pues es posible que las guerrillas los identifique y tome represalias directas contra ellos o sus familias.
Algunos de los erradicadores fueron en el pasado "raspadores" de coca, o recolectores de las hojas de la planta de coca. Con esas hojas secadas al sol o en bidones con distintos insumos químicos, se elabora la pasta de coca que tras varios procesos químicos se convierte en cocaína.
Restrepo indicó que estos campesinos se han dado cuenta que la "coca no es rentable, lo rentable es la cocaína".
"Los 'raspachines' entraron pobres y salieron pobres" del negocio ilícito, dijo Restrepo. Con la erradicación manual se han eliminado en lo que va de año 52.347 hectáreas, y la meta es cerrar 2008 con 100.000 hectáreas erradicadas.
En 2006 se arrancaron 41.345 hectáreas de matas de coca y en 2007 otras 66.385.