El diálogo entre el Gobierno de Evo Morales y los opositores autonomistas para pacificar Bolivia está avanzando con la elaboración de un documento que sirva de base para la negociación. La segunda reunión entre el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García Linera, y el prefecto (gobernador) comisionado por los opositores en esta mesa de diálogo, el tarijeño Mario Cossío, finalizó esta madrugada con expectativas optimistas.

Cossío, prefecto de la sureña Tarija, dijo al finalizar la reunión que ambas partes están cerca de cerrar las bases de un acuerdo mediante un documento marco que puede estar concluido este lunes.

“Hemos tenido que rediscutir los temas, pero diría que vamos por buen camino”, dijo el dirigente autonomista a los medios en el Palacio de Gobierno de La Paz al finalizar la reunión.

Ambas partes han avanzado que los principales temas de negociación serían las rentas petroleras procedentes del Impuesto sobre Hidrocarburos (IDH), el proyecto constitucional que impulsa el Gobierno y el régimen autonómico que defienden los líderes opositores de cinco de las nueve regiones del país.

Gobierno y opositores tienen previsto reunirse de nuevo cuando el presidente Evo Morales, que finalmente no participó en la cita del domingo, regrese de la cumbre de emergencia sobre Bolivia que celebrará este lunes la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Santiago de Chile.

La compleja crisis política de Bolivia pasa por su peor momento en lo que va de año por la escalada de violencia en que han derivado las protestas contra el Gobierno en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, controladas por la oposición.

En la norteña Pando esta ola de violencia política ha causado al menos 30 muertos en un enfrentamiento a tiros entre civiles que llevó al Gobierno a decretar el estado de sitio en este departamento.

Los opositores autonomistas exigen al Gobierno que devuelva las rentas del IDH que se recortaron para pagar una ayuda a los ancianos desde principios de año.

Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija también aprobaron este año unos estatutos de autonomía que el Gobierno ha rechazado sistemáticamente por “ilegales”, por estar fuera de la Constitución y no contar con el respaldo de las instituciones del Estado, y “separatistas” al entender que promueven la división de Bolivia.

Chuquisaca se ha unido a esta demanda autonomista y su prefecta, la opositora quechua Savina Cuéllar, ha anunciado un referendo autonomista para el 30 de noviembre.

Los dirigentes de todas estas regiones coinciden también en rechazar el proyecto de nueva Constitución con la que Morales quiere refundar el país y critican el “régimen centralista y autoritario” que, su juicio, quiere imponer en Bolivia el mandatario indígena.