El Gobierno se mostró preocupado por las consecuencias del paro judicial que a la fecha deja alrededor de 2.194 delincuentes en libertad, hay represadas más de 60.000 tutelas y por lo menos se tienen frenada más de 1.000 tutelas por salud.
El anuncio fue hecho por el ministro de Interior y Gobierno, Fabio Valencia Cossio, al advertir que el Gobierno explora todas las posibilidades existentes para allegar los recursos que ponga freno al cese de actividades que afecta a la justicia colombiana.
Valencia Cossio indicó que las 1.000 tutelas de la salud perjudican a personas que requieren mejor atención de las EPS y la autorización para la entrega de medicamentos para sus tratamientos.
Reveló que el paro judicial afecta a más de 300.000 personas en servicios de la justicia, además de los planteamientos que han hecho los abogados litigantes, que supera en número los 170.000, que han visto paralizadas sus actividades de la cual derivan su sustento.
"Realmente se está haciendo un gran daño a la población. Yo creo que esto invita a la reflexión a Asonal judicial para que, mirando las dificultades fiscales que tiene el país, pero también la buena voluntad de encontrar otros caminos complementarios", dijo jefe de la cartera de Interior y Gobierno.
Valencia Cossio indicó que el país se ha dado cuenta del esfuerzo que está haciendo el Gobierno, para solucionar el paro judicial, y de los daños que está haciendo el cese de actividades en la ciudadanía colombiana. Recordó que la justicia es un servicios público , y "que no se puede interrumpir".
Pidió a las entidades encargadas de evaluar la legalidad del paro para que definan, dentro de los términos de la ley, una decisión al respecto.
El Presidente Uribe y el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga consideraron los ingresos que tendía el Estado a través de los servicios notariales, para satisfacer las peticiones económicas de los sindicalistas judiciales.
Dentro de las propuestas estudiadas, el mandatario colombiano consideró la tasa por los servicios que cobran las notarías, y el ingreso por "una especie de impuesto que le cobra a la facturación notarial, este segundo tiene que ser por ley", dijo.
Otras fórmulas exploradas tiene que ver con los depósitos judiciales y la venta de bienes incautados. El ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, informó que en promedio este año, los depósitos judiciales han sumado 1,76 billones de pesos, "con base en lo planteado en la ley, los intereses pagados hasta agosto valen 23.448 millones de pesos y a esa misma fecha están creciendo un 20,4 por ciento frente a lo que iba causado en el año 2007", explicó.
Sobre los bienes incautados a los narcotraficantes y otras organizaciones delictivas, el director de la Dirección de Estupefacientes, Carlos Albornoz, dijo que esos procesos no avanzan por culpa de los jueces. "Yo vivo rogando todos los días para que esos procesos se aceleren".
Albornoz dijo que la próxima semana sale el listado de los bienes urbanos y rurales para la venta. "Estamos en proceso de venta sociedades especialmente de los hoteles". Concluyó que el paro los ha afectado mucho.