El tema ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. La ciudadanía ha asistido, atónita, a los inútiles enfrentamientos entre el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el Alcalde. En una previa ocasión, con motivo de un consejo de seguridad celebrado en Suba por el Ministro sin la presencia del Alcalde, los dos funcionarios discutieron la potestad para manejar la seguridad de la ciudad. Ahora, con el mismo trasfondo, la discusión surgió del supuesto “regaño en público” que habría recibido el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Metropolitana, por parte del Alcalde, cuando éste le exigió resultados en materia de seguridad.

Otros, como el congresista liberal Héctor Helí Rojas, han incurrido en igual actitud de aprovechamiento al exclamar frases que en nada contribuyen al debate, como cuando expresó que “la política de seguridad ha sido pésima”, debido al asesinato de un menor ocurrido en las instalaciones de un CAI. El lamentable hecho es paradójico, nadie lo niega, pero no se ve cómo de ahí pueda sacarse una conclusión real frente al conjunto de medidas adoptadas para mejorar la seguridad en la capital.

Tan lejos ha llegado el asunto, que el propio Alcalde ha sido citado dos veces al Congreso de la República y una al Concejo para discutir la aparente falta de seguridad en la capital. El debate, como es obvio, es bienvenido y mal haría el Alcalde en seguir aplazando explicaciones a las que las corporaciones públicas tienen derecho. Pedir que no se politice el tema es de entrada contradictorio, ya que la política es también la que permite que la crítica y las recomendaciones enaltezcan el debate y contribuyan a la solución del problema.

Sin embargo, ésta no parece ser la situación y, muy por el contrario, de la mano de los recientes hechos de violencia en los que fueron quemados seis buses, estallaron dos petardos en cadenas de supermercados, se supo de la creciente y preocupante ola de sicariato —una muerte por esta causa cada dos días, según estudio de la propia Secretaría de Gobierno— y se tuvo que hacerle frente a la expansión de las pandillas juveniles, el tema ha llevado a que desde cualquier flanco el Alcalde reciba ataques no siempre bien intencionados.

Por ser la seguridad un tema neurálgico y frente al que la ciudadanía está alerta, el nivel de las discusiones y los argumentos debería ser objeto de un cambio radical. Menos protagonismo y más soluciones concertadas es lo que se requiere. Según la encuesta de percepción del proyecto “Bogotá, cómo vamos”, el 42% de las personas no se siente segura en su ciudad. Hacia las motivaciones de esa elevada cifra es que habría que enfilar las energías y los esfuerzos, ahora que son tantos los interesados en la seguridad capitalina.

Las cifras en esto no fallan y si el problema es de percepción, que no de inseguridad real, lo que los bogotanos requerimos son políticas claras y contundentes que nos hagan sentir seguros. ¿Se ha preguntado, por ejemplo, la administración —en vez de instrumentalizar los atentados perpetrados por las Farc, los presuntos delitos cometidos por los desmovilizados y, en general, las consecuencias locales del conflicto nacional— si la percepción de inseguridad se encuentra atada a la ocupación del espacio público? ¿Si las erráticas políticas sociales frente a los habitantes de calle han dado resultado? ¿Si la creciente segregación entre el sur y el norte no ocasiona que la percepción de inseguridad crezca? Quizá sea hora de abordar con seriedad, y lejos de las cámaras, el tema de la percepción ciudadana de inseguridad.