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Tras varios intentos de arreglo, y con la fallida mediación de la Comisión Sexta del Senado, el Gobierno y los representantes de, al menos cien mil camioneros, llegaron a un acuerdo para poner fin a un paro que puso en jaque a la economía colombiana durante 16 días.
El anuncio del levantamiento de la inmovilización camionera fue anunciada por el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, al explicar que el acuerdo aceptado por los directivos de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), contempla aceptar el avance de los compromisos logrados el 16 de junio, la convocatoria para la chatarrización y la planilla electrónica se hará efectiva desde el 30 de septiembre de este año.
El ministro de Transporte que anunció la terminación del paro indicó que en materia presupuestal habrá cerca de $330.000 millones para respaldar financieramente las necesidades de los transportadores.
El Gobierno se comprometió a regular el parque automotor y la capacidad de carga.
El Presidente Uribe instruyó para que el ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y la Policía Nacional hagan seguimiento para el cumplimiento de la tabla de fletes.
Los dirigentes gremiales, Hernando Ramírez de la ATC y Nemesio Castillo de la ACC, ordenaron a su bases que comience la movilización de camiones en las diferentes regiones del país.
En este puente los camioneros fueron autorizados para movilizar la carga represada en los puertos y en los centros de abasto.
Consecuencias del paro
Desde el pasado 31 de julio, cuando los transportistas decidieron suspender sus labores, unas 39.000 toneladas diarias de productos por un valor aproximado de 57 millones de dólares, han dejado de movilizarse, según cifras entregadas por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata.
Los transportadores exigen al Gobierno el cumplimiento de una tabla de fletes, es decir, el cobro que hacen por cada uno de sus viajes dependiendo de la distancia y el volumen de carga, y para que se faciliten créditos para la reposición de vehículos.
En principio las reuniones sirvieron para que el Gobierno le propusiera a los transportistas la destrucción de 5.000 camiones viejos para reducir el exceso de oferta y la creación de un manifiesto de carga electrónico que evite la manipulación y se conozca el contenido de los productos que se movilizan.
Los dirigentes de los camioneros insistían en solicitar líneas de crédito y medidas urgentes para controlar la presencia de dineros ilícitos en la actividad transportadora de carga por carretera.
La parálisis llegó a acumular en Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, alrededor de 20.000 contenedores de mercancías y unas 300.000 toneladas de mercancías diversas.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe advirtieron que la parálisis de los camiones se va a sentir en la inflación y en el comportamiento de la economía, sin embargo no anticiparon en qué cuantía.
Por El Espectador
