Latinoamericanos aguantan en España el tirón de la crisis

“Quiero agotar hasta la última posibilidad. Mi familia depende de mi trabajo en España”, dijo emocionado. “Lo que encuentre allá (en Ecuador) va a seguir siendo mucho peor que aquí”.

Con los termómetros de la economía marcando temperaturas bajo cero y la construcción, antiguo motor del empleo, estancada, el caso de Yasuma es el espejo de las dificultades por las que atraviesan miles de inmigrantes, que ven amenazada su estabilidad en el país europeo.

Sin embargo, las cifras indican que los 5 millones de extranjeros, casi el 11% de la población, que residen en España parecen dispuestos a aguantar el tirón y esperar que el viento sople otra vez a favor.

A lo largo del 2008, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó numerosas medidas para intentar reducir el desempleo entre los extranjeros, situado en el 17,45%. Y hay un proyecto pondría más trabas a la llegada de extranjeros, que todavía debe ser aprobado por el parlamento.

Para la mayoría de asociaciones de inmigrantes, la batería de leyes sólo sirvió para recortar derechos.

La iniciativa más novedosa, y polémica, adoptada por el gobierno fue el plan de retorno voluntario. El programa entró en vigor a mediados de noviembre y el objetivo es favorecer el regreso de extranjeros sin trabajo adelantando el pago del subsidio por desempleo.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo en un primer momento que unas 100 mil personas podrían acogerse al plan, pero la realidad es otra muy distinta. Un mes después de echar a andar, sólo recibieron 767 solicitudes para abandonar el país, más de la mitad de ellas de ciudadanos ecuatorianos, colombianos y argentinos.

En ciudades como Madrid, una omnipresente campaña publicitaria en vallas, paradas de autobús y estaciones de metro recuerda a los inmigrantes que tienen la oportunidad de volver: “Si estás pensando regresar...”, dice el anuncio.

El plan incluye el compromiso de no regresar en tres años y sólo beneficia a los extranjeros de aquellos países, 20 en total, con los que España tiene suscritos acuerdos en materia de seguridad social, es decir casi todos los de América Latina.

Raúl Jiménez es el portavoz en Madrid de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui. Ecuador es el país latinoamericano con mayor número de inmigrantes en España. En su opinión, el retorno voluntario es un fracaso.

“La verdad es que muchas personas se interesaron en un primer momento por los detalles del plan”, explicó en una entrevista. “Pero, tras pensarlo bien, se echaron atrás. Es cierto que se capitaliza el subsidio, pero a cambio pierdes la residencia y el permiso de trabajo. Es una expulsión encubierta”.

El plan contempla el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo, siempre que se tenga derecho al mismo a través de los servicios estatales de empleo. Un 40% se paga en España, mientras que el 60% restante se cobra en el país de origen. La media de dinero abonada a los inmigrantes en esta situación ronda los 9.600 euros (algo menos de 13.400 dólares), según el Ministerio de Trabajo.

“Con 10.000 euros no se puede iniciar un proyecto de vida. El plan está provocado un efecto contrario y potencia la imagen de que los inmigrantes son los culpables de la crisis económica”, señaló.

Jiménez reconoció que muchas personas no se pueden ni plantear el regreso por una simple cuestión monetaria. El salario medio de un latinoamericano en España ronda los 1.150 euros mensuales (1.600 dólares), según el Instituto Nacional de Estadística. En Colombia, por ejemplo, el sueldo es de 461.500 pesos (unos 209 dólares al mes).

“¨Qué pasa si se recupera la economía? La gente renuncia a estos salarios. Es una expulsión a la carta (el plan de retorno), una utilización de la emigración en tiempos de crisis”, añadió.

Luciano García, colombiano de 54 años, está en una de esas situaciones realmente complicadas. Después de seis meses sin trabajo, se le ha acabado la prestación por desempleo, por lo que no cumple los requisitos exigidos para el retorno voluntario.

“Me quisiera volver, pero desgraciadamente el plan no me cobija”, señaló. “Estoy tratando de encontrar un trabajo por todos los lados. Soy la cabeza de mi familia y les doy la manutención, la educación... Esta situación me tiene estresado, porque necesito trabajar”.

Luciano se marcó un límite de dos años. Intentar pagar unas deudas y reunirse de nuevo en Colombia con sus hijos. “En nuestros países hemos vivido otras crisis económicas, pero en España está golpeando muy fuerte”, afirmó.

“Nosotros los inmigrantes somos uno de los estamentos que más estamos sufriendo. Un gran porcentaje vino de trabajar en la construcción y los servicios y ahora que se vino la construcción abajo..., simplemente sufrimos”, añadió.

El gobierno, por su parte, defendió el contenido del plan, asegurando que no está vulnerando ningún derecho y que es de cumplimiento voluntario. Además, precisó que después de tres años se puede regresar a España si se tiene un contrato de trabajo, recuperando los mismos permisos de residencia y trabajo que se tuviera antes de marcharse.

En Rumiñahui están convencidos de que a los inmigrantes que llevan varios años viviendo en el país no se acogerán al plan y que, quizá, los que llegaron a España hace menos tiempo decidan volver en vista de la desaceleración en sectores clave para el empleo como la construcción o los servicios.

Es el caso de Jairo Enrique Velázquez, nicaragüense de 37 años, sólo y sin un trabajo estable, quien se vuelve a casa.

“La ilusión es venir con el sueño de dar una educación a tus hijos. Pero la situación es otra. Poco trabajo y mucho sufrimiento”, dijo. “En mi hogar hay un desorden y lo más importante es la familia”.

Velázquez explicó que hace poco tomó la decisión de solicitar el retorno voluntario. “Estoy esperando una respuesta. El día que me digan estoy dispuesto a irme”, afirmó.