Latinoamérica, aun cuando presenta todavía casos críticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha caminado en 2008 por terreno positivo en los derechos humanos y ha empezado a jugar un papel importante en la defensa de esos derechos en el mundo, dijo el miércoles una organización internacional.

Human Rights Watch hizo notar, sin embargo, que los problemas en los sistemas judiciales, abusos policiales y precarias condiciones penitenciarias seguían siendo factores comunes que requieren atención de los gobiernos de la región en sus respectivas jurisdicciones.

Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización con sede en Washington, dijo que “en particular, cinco países han tendido a jugar un papel positivo” en los esfuerzos globales por los derechos humanos: Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y México.

“Han actuado en diferentes formas, pero en general positivamente” , declaró Roth en la presentación del Informe Mundial 2009, que la organización empezó a publicar hace 19 años e incluye en esta ocasión las reseñas de 90 países, 11 de los cuales son de Latinoamérica.

Indicó que Brasil “algunas veces” se ha unido a esos esfuerzos, mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela “no juegan un papel positivo” internacionalmente.

Según el informe, Cuba seguía siendo el único país en Latinoamérica que “reprime casi todas las formas de disenso político”.

Sostiene que Venezuela “carece de un sistema judicial creíble e independiente que sirva de contención de las acciones arbitrarias del estado y de garantía de los derechos fundamentales”.

“En ausencia de supervisión judicial, el presidente Hugo Chávez ha socavado la libertad de expresión de los periodistas, la libertad de asociación de los trabajadores y la capacidad de los grupos civiles de promover los derechos humanos”, agregó.

En la reseña de los 11 países latinoamericanos no está incluida Nicaragua, pero Human Rights Watch dijo anteriormente que el gobierno del presidente Daniel Ortega hostilizaba a activistas de los derechos humanos, y el Departamento de Estado ha denunciado actos de corrupción, politización del sistema judicial, el Consejo Supremo Electoral y otros órganos del gobierno, y hostigamiento y abusos contra periodistas.