El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dio a conocer una estadística en la revisión de la detención domiciliaria de varias mujeres en Bogotá.
En el marco del plan piloto de vigilancia electrónica para Bogotá puesto en marcha el pasado 6 de febrero, destinado a personas que habiendo sido condenadas por delitos menores, se les hubiere conferido el beneficio de la detención domiciliara, a la fecha se han beneficiado 95 personas de las cuales 59 son mujeres y 36 hombres.
Sin embargo, el pasado fin de semana en una verificación del cumplimiento de la pena, el Inpec buscó la forma de adoptar mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la residencia de un grupo de mujeres condenadas.
Aunque la idea era la colocación de cerca de 120 manillas o brazaletes a mujeres en prisión domiciliaria, tan sólo se lograron ubicar a 50 de ellas.
Las restantes personas, o bien no fueron encontradas en sus domicilios o bien las direcciones que suministraron no correspondían con las reportadas al Iinpec.
Según los datos, 45 mujeres dieron direcciones erradas, 30 más cambiaron de domicilio y 12 no se encontraban en el sitio de la vivienda donde cumplen la pena; esto tras realizar 137 visitas.
Tras estas preocupantes cifras, el Instituto insistió a través de un comunicado que la aplicación de las manillas o brazaletes, "resulta de la mayor trascendencia para lograr un verdadero control sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas ante los jueces por los beneficiarios de la prisión domiciliaria, pues ya no podrán ocultar su paradero, o evadir su compromiso de permanencia en el domicilio reportado ante el respectivo juez".
Pero otra situación que quedó como lamentable es que se detectó que en varios casos no se había pasado revista al personal bajo prisión domiciliaria hacía más de un año. Esta responsabilidad legalmente corresponde al director o directora del establecimiento de reclusión al cual se encuentra adscrita la persona correspondiente, en este caso la dirección de la Reclusión de Mujeres de Bogotá.
Ahora el Inpec está en el proceso de notificación ante los jueces de ejecución de penas, sobre las circunstancias de cada una de las personas a las que no se les pudo aplicar la manilla, con el propósito de que los jueces respectivos tomen las decisiones que correspondan, entre las cuales está la de revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria.