Sobre el penoso episodio han surgido incontables hipótesis. El presidente de la Dimayor, Ramón Jesurún, aceptó que hubo imprevisión de parte de los órganos de control capitalinos. El presidente del club Deportivo Cali, Rodrigo Otoya, responsabilizó a los encargados de proveer la seguridad. La propia víctima, el lateral Juan Guillermo Domínguez, se quejó de que el bus no disponía de las medidas de seguridad requeridas, sólo estaba escoltado por una patrulla e incluso equivocó la ruta al transitar en inmediaciones del estadio, por donde se sabía que estaba la hinchada del equipo rival, Millonarios.

Como reacción a lo sucedido, el comandante de la Policía de Bogotá, general Rodolfo Palomino, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien ofrezca información sobre el paradero del responsable del ataque y afirmó, en contravía de lo dicho por el jugador, que el bus fue custodiado por varios agentes de la institución. La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, tras explicar que el director del programa Goles en Paz, el cura Alirio Amaya, informó que “no hubo una asonada contra el bus”, insistió en que se trató de un hecho aislado.

En consecuencia, Clara López instó a que se individualice al delincuente y, desde ya, descartó la posibilidad de que la administración ordene el cierre de las tribunas más problemáticas, se jueguen partidos de fútbol a puerta cerrada o, simplemente, se prohíba el uso del estadio. El propio alcalde, Samuel Moreno, hizo énfasis en el carácter aislado e individual de la acción delictiva, aseguró que la Policía dará con el paradero del culpable y explicó que no hay motivo para responsabilizar a Millonarios.

Cualquiera sea el contexto de la aleve agresión, lo primero es recordar que la violencia desaforada de los hinchas no es un asunto nuevo. Todo lo contrario. Bogotá tiene barras bravas, bastante temidas, pero también están en otras ciudades. Ha habido muertos, disturbios graves y algunas personas están en la cárcel. Lo que sí es inusual es que las agresiones entre hinchas de equipos contrarios —y las hay entre miembros de un mismo bando— se extiendan ahora a los jugadores. Antes que avanzar en el control del belicoso clima que se vive en los estadios y sus alrededores, y aun si las autoridades capitalinas lo consideran único y aislado, con este hecho estamos retrocediendo. Pronto será el preparador físico, el médico, el técnico del equipo o cualquiera y por cualquier razón. La divisa del equipo, la insignia que mueve a camaradería y fraternidad, es hoy entre algunos un uniforme de guerra.

Es preciso que se haga algo y de manera inmediata. Insistir en que este es un caso individual no debería impedir que se siente un precedente. Además de la sanción judicial, la criminal conducta debería dar lugar a una pena ejemplarizante. Ya de entrada, el partido de fútbol entre Cali y Millonarios ha debido cancelarse. Si la Policía temía por lo que pudiese pasar, si la máxima autoridad está consciente de lo problemáticos que son algunos hinchas y lo poco que se puede hacer frente a sus desmanes, entonces estamos más allá de una acción individual. Estamos ante un público potencialmente peligroso.

Los justos debemos pagar por los pecadores. De lo contrario, los equipos no asumirán la responsabilidad que tienen en el control de la violencia en el fútbol y las acciones reprobables de unos pocos no cesarán. Les tenemos más miedo a las sanciones colectivas que a ir a los estadios, cuando es en éstos donde nuestras vidas corren peligro.