En Cimitarra, Santander, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, ante un juez de control de garantías, hizo las primeras imputaciones en contra de militares presuntamente relacionados en las ejecuciones extrajudiciales de 11 personas de Soacha (Cundinamarca), ocurridas el año pasado.

De acuerdo con la investigación, un teniente coronel, un teniente y un sargento viceprimero, todos ya retirados del servicio activo, y otros cinco soldados profesionales adscritos al Batallón de Infantería N° 41, tuvieron responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez. Por esa razón, ordenó su detención preventiva.

Las víctimas, quienes salieron de Soacha en marzo de 2008, fueron reportadas como guerrilleros abatidos en combate el 5 de marzo de ese mismo año, en enfrentamientos ocurridos en la vereda El Brasil, zona rural de Cimitarra.

El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos les imputó los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, peculado y falsedad ideológica en documento público, porque, al parecer, luego de participar en estos falsos positivos, fueron beneficiarios o entregaron dineros a terceros que, supuestamente, colaboraron para dar de baja a estos jóvenes que, como ya está claro, nada tenían que ver con la subversión.

Desde las 10:00 a.m. del jueves se llevó a cabo la diligencia de este proceso que, inicialmente, había sido adelantado por un juzgado de instrucción penal militar de San Vicente de Chucurí, Santander.