Por dos períodos presidenciales los colombianos han votado por la seguridad, y todo indica que la misma preocupación será definitiva en las urnas en 2010. En días pasados, el presidente Uribe pidió que su política de seguridad democrática se convierta en política de estado y no de gobierno, y ya varios candidatos han expresado sus intenciones de darle continuidad. Pero el panorama de conflicto y violencia que existía en 2002 ha cambiado. Hoy existen otros tipos de amenazas para la vida de los colombianos. Si como parece la continuidad de la seguridad democrática es indiscutible, ésta tendrá que asumir nuevos desafíos.
Tras siete años, sus logros son indiscutibles. La intensidad del conflicto se redujo, las guerrillas se replegaron y su amenaza sobre las ciudades disminuyó notoriamente. Más de 30 mil paramilitares se desmovilizaron y los índices de homicidio y secuestro descendieron. No obstante, no es seguro que las fórmulas que funcionaron en este período sigan haciéndolo más adelante. No son pocos los análisis, de índole académico, que así lo comprueban. Una investigación próxima a publicarse, del Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos (Cerac), plantea por ejemplo que la seguridad democrática ya da síntomas de agotamiento.
Esa política ha demostrado sus limitaciones en la consolidación del Estado de Derecho en territorios arrebatados a los actores armados. Regiones que antes estaban bajo el poder de guerrillas o paramilitares, hoy siguen siendo objeto de control y disputa de grupos rivales o de bandas emergentes. Los datos del Cerac muestran que la actividad de los nuevos grupos paramilitares creció tras la terminación del proceso de negociación y desmovilización. La estrategia, pues, ha sido buena en expulsar a la guerrilla, pero insuficiente en fortalecer las labores de regulación, control e integración del Estado colombiano.
La nueva seguridad democrática deberá partir de diagnósticos más profundos, que expliquen la vigencia de los actores al margen de la ley más allá de sus simples ambiciones económicas. Es un hecho que los actores armados viejos, nuevos o emergentes siguen controlando y regulando la vida de pueblos y comunidades. Se deberá, pues, enfatizar más en policía y programas sociales que en ejército y soluciones militares.
La investigación también muestra que hasta el año 2005 la política de seguridad democrática fue muy efectiva en la reducción de los homicidios. Desde entonces, los índices se estancaron. La dificultad de traspasar el mínimo de 2005 se debe a la reactivación de la violencia perpetrada por nuevos grupos emergentes y al hecho de que la violencia homicida en Colombia va más allá de la ejercida por los actores armados. Una nueva versión de la política debe proponer soluciones en todos los escenarios de la violencia: rurales, urbanos, políticos y privados, delincuenciales y sociales. Y responder a por qué la violencia sigue siendo una oportunidad para muchos jóvenes del campo y las ciudades colombianas.
El éxito de la seguridad democrática depende de la continuidad de sus logros. Como éstos empiezan a agotarse, una nueva versión de la política deberá tener un enfoque más amplio e incluir otras dimensiones del bienestar de las personas. La mejoría en las condiciones sociales, económicas, educativas y ambientales también implica seguridad en la vida de los colombianos.