Liberaciones: más allá de la politiquería

Como condición a su aparente gesto humanitario, las Farc exigen la presencia de la senadora Piedad Córdoba, líder del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz. Es claro que no deberían existir exigencias de ningún tipo y que si el grupo subversivo realmente quisiera dar muestras de buena voluntad, lo que debería hacer es liberar sin condiciones a quienes secuestró sin derecho alguno. Pero también es cierto que se ha avanzado en el camino al dejar atrás las exigencias de despejes, intercambios de prisioneros y negociaciones directas sobre este o aquel punto. El Gobierno se opone tajantemente a la mediación de Piedad Córdoba y, a lo sumo, autoriza al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Iglesia católica, si lo desea, para que se concreten los preparativos de la liberación.

Argumenta el presidente Uribe que el Gobierno no permitirá que las Farc “les den motivos de impunidad, con ropaje humanitario, a personas que deberían estar en la cárcel, porque son elementos de la farcpolítica”. Acusación peligrosa que, de nuevo, deja por sentado que lo que menos parece interesar en este contrapunteo es la libertad del cabo Moncayo.

Contrasta ciertamente que Piedad Córdoba y el grupo de Colombianos y Colombianos por la Paz —a quienes no menciona el Presidente pero con seguridad se dirige— sean puestos del lado de los terroristas, a la vez que anteriores guerrilleros, éstos sí terroristas, son declarados oficialmente gestores de paz. Y si a eso vamos, ¿cuál es la diferencia para que la senadora Córdoba hubiese podido ser la mediadora autorizada en la última liberación y ahora no pueda serlo? La respuesta luce evidente: la política electoral que ya prende motores.

El grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz, entre cuyos miembros hay personalidades de la vida pública con el legítimo interés de hacerse elegir en la siguiente legislatura al Congreso, encuentra en el secuestro un tema de interés nacional desde el que se podría pensar, a futuro, en una salida negociada al conflicto. Ciertamente no es de buen recibo que se busquen beneficios electorales con un proceso de liberaciones como el que se ha venido dando en el último tiempo. Pero reducir la posible liberación de un colombiano a asuntos de mecánica electoral resulta, por decir lo menos, inhumano.

Como organización, independientemente de los intereses políticos individuales de algunos de sus miembros —porque los hay que provienen de la academia, de donde por lo demás surgió la iniciativa—, Colombianos y Colombianas por la Paz ha desempeñado un papel muy importante que no se debe manchar con acusaciones apresuradas. Lo corroboran las anteriores liberaciones, igualmente unilaterales y exitosas. Lo mismo ocurre con la senadora Piedad Córdoba, quien ya hizo explícito que no participará de la consulta liberal en busca de candidato a la Presidencia, muy a pesar de que los sondeos la favorecían. Su valor y compromiso con los secuestrados y el intercambio humanitario muy pocos los ponen en duda.

Aquello que el Presidente ha dado en llamar “politiquería” no es más que el deseo de un grupo de personas interesadas en el tortuoso y lejano camino hacia la paz. Impedirles su trabajo porque algunos de ellos tengan aspiraciones políticas es un despropósito.