Entre tanto, se registran altos niveles de discriminación de género en el ámbito laboral y falta de oportunidades profesionales. Colombia es uno de los países más pobres en representación femenina en las esferas del poder y sólo en 1954 se le reconoció a la mujer su derecho al voto, el cual fue ejercido por primera vez en 1957.
La situación de las mujeres en Colombia es compleja y está determinada por la violencia y la discriminación. En este desesperanzador contexto, deben aplaudirse los esfuerzos de organizaciones y redes sociales por denunciar, prevenir y combatir la discriminación de género. Pese a la gravedad del panorama, son —en su mayoría— iniciativas de la sociedad civil, con poco o ningún respaldo institucional, las que contribuyen a la prevención y erradicación de estas formas de segregación.
Tal es el caso de la campaña “Ni con el pétalo de una rosa”, con la que reconocidos artistas, personalidades públicas y mujeres en estado de vulnerabilidad intervinieron muñecas de tela blanca en las que se reflejan distintos tipos de discriminación. Su promotora, la actriz Alejandra Borrero, pretende sensibilizar a los colombianos, a través del arte y la cultura, acerca de las injusticias a las que está sometida la mujer colombiana en su vida cotidiana. “Es increíble —dice Borrero— ver que producen más reacción en las personas nuestra campaña, nuestras exposiciones, que ver a una mujer tirada en la calle”.
Sensibilizar, y por esa vía alertar, es tarea loable por estos días en que la acción institucional insiste en lo contrario. Lo confirman el balance de la sentencia 355/06 —que bajo circunstancias especiales reglamentó el aborto en Colombia— y la eliminación de la ley de paridad del proyecto de reforma política.
En este sentido predomina el desconocimiento total, por parte de las mujeres colombianas, de los alcances de la sentencia que regula el aborto. Pese al dinamismo que por estos días exhibe el Ministro de Protección Social, no se registró, en tres años, campaña informativa nacional relevante al respecto. El pasado 20 de abril, además, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez decidió no prorrogar el convenio de cooperación institucional con Women’s Link Worldwide, ONG dirigida por Mónica Roa, quien ganó la demanda contra la penalización del aborto. El Convenio, firmado por su antecesor, Edgardo Maya, permitía que la ONG brindara apoyo en la implementación de la sentencia.
Y mientras las mujeres constatan las trabas impuestas al aborto, se cristalizan también retrocesos en el ámbito de su participación política. En medio de los reclamos de las distintas senadoras y representantes, el parágrafo que garantizaba la distribución de género en las listas a cuerpos colegiados fue retirado del texto de la reforma política en su sexto debate.
La violencia de género tiene su génesis en fenómenos de discriminación. Para lograr que el derecho a la igualdad sea efectivo y real, son necesarias medidas de discriminación positivas como esta que pretendía, en forma temporal, un mayor apoyo institucional a las mujeres; una discriminación positiva, pues, que permita compensar los efectos de la exclusión de hecho que afecta la supervivencia y el ejercicio efectivo de su ciudadanía.