El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este viernes el restablecimiento de los tribunales militares creados por su predecesor George W. Bush para juzgar a presos sospechosos de terrorismo retenidos en Guantánamo.
El restablecimiento, sin embargo, no será inmediato y los nuevos tribunales militares contarán con mayores protecciones de las concedidas a estos presos en el pasado. En un comunicado, el presidente estadounidense afirmó que “éste es el mejor camino para proteger nuestro país al tiempo que respetamos nuestros valores más queridos”.
Los nuevos tribunales militares estarán dotados de mejores garantías legales, según Obama, y por ejemplo no podrán admitir rumores o pruebas obtenidas mediante interrogatorios “crueles, inhumanos o degradantes”.
También tendrán más facilidades para elegir a su abogado defensor y se darán protecciones básicas a quienes se nieguen a testificar, agregó el presidente en un comunicado distribuido este viernes por la Casa Blanca. Los jueces de los nuevos tribunales militares también podrán establecer su propia jurisdicción, explicó.
Según Obama, las reformas “comenzarán a restablecer los tribunales como un foro legítimo para el enjuiciamiento, al tiempo que las adaptan al Estado de Derecho”. Además de estas reformas, la Casa Blanca negociará también con el Congreso para reformar la ley de 2006 que creó esos tribunales y aprobar garantías adicionales y más amplias que permitan ofrecer un juicio justo a los presos de Guantánamo.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó que ya se han comenzado los contactos con diversos senadores para ello. En su comunicado, Obama no aludió a un plazo para reanudar los tribunales, aunque Gibbs indicó que el Gobierno busca un espacio de cuatro meses, 120 días, para poner en práctica los cambios antes de retomar los nueve juicios que hay pendientes en estos tribunales.
Dos días después de jurar su cargo, en enero, Obama había firmado una serie de órdenes ejecutivas en las que exigía el cierre de la prisión de Guantánamo en el plazo de un año y suspendía los tribunales militares.
Entonces, el presidente estadounidense alegó que el sistema no funcionaba pero no descartó que se pudiera retomar en el futuro tras introducirle reformas. Los nuevos tribunales no juzgarán a todos los presos actualmente retenidos en Guantánamo, en la actualidad 241, sino a algunos de los sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda más destacados.
Entre ellos se encuentran cinco acusados de haber participado en la trama para los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, entre ellos el supuesto “cerebro” de la operación, Jalid Sheij Mohamed.
Además, los tribunales podrían juzgar a otros presos sospechosos de terrorismo que se capturen en el futuro. El anuncio de la vuelta de los tribunales militares, que Obama describió durante su campaña electoral como “un tremendo fracaso”, ha causado consternación entre los grupos pro derechos humanos. La organización Amnistía Internacional afirmó este viernes que “no se puede reformar un sistema que es básicamente injusto”.
“Estados Unidos cuenta con un sistema de justicia penal civil que está acostumbrado a enfrentarse a casos complejos. Este es el sistema que el Gobierno de Estados Unidos debería emplear para cada preso de Guantánamo que quiera llevar a los tribunales”, indicó la organización.
Se trata de la segunda medida polémica en torno a la tortura y los presos sospechosos de terrorismos que da a conocer la Casa Blanca en una semana, después de que Obama indicara el pasado miércoles que no permitirá la publicación de fotografías que documentan la práctica de malos tratos contra esos presos por parte de militares estadounidenses en el extranjero.
Al tiempo que Obama anunciaba el regreso de los tribunales militares, fuentes gubernamentales anunciaban el envío a Francia de un preso de Guantánamo, Lakhdar Boumediene, detenido desde 2001 como sospechoso de conspirar para hacer estallar una bomba contra la Embajada de Estados Unidos en Sarajevo.
El año pasado, el Tribunal Supremo dictaminó, en un caso en el que estaba implicado Boumediene, que los presos de Guantánamo tenían derecho a llevar su detención a los tribunales civiles.