Foto: José Luis Cubillos/ Fiscalía General

Otros 17 militares fueron cobijados con medida de aseguramiento.

En dos semanas, la Fiscalía ha imputado cargos a 35 uniformados por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, desaparición forzada y en algunos casos, falsedad en documento público (delito que cobija a los superiores que habrían adulterado reportes de combates).

Algunas de las medidas fueron impartidas en Cimitarra, Norte de Santander, donde se llevaron a cabo las primeras diligencias (primero de mayo).

Los uniformados permanece bajo fuertes medidas de seguridad en una guarnición militar. Ninguno ha aceptado los cargos.

Este organismo ha revelado escalofriantes detalles de las investigaciones relacionadas con la desaparición y posterior muerte de Faber Leonardo Porras, Víctor Fernando Gómez Romero; Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, Julio César Meza y del menor Jonathan Soto Bermúdez.

Todos ellos hacen parte del grupo de 11 desaparecidos del municipio de Soacha, que luego fueron reportados como guerrilleros muertos en combate.

En todos los casos, la Fiscalía reveló que fueron llevados con engaños a Ocaña (Norte de Santader), allí se les hospedó en una casa de un familiar de uno de los soldados implicados y después se les ejecutó.

Sin embargo, ante estas acusaciones, la defensa ha reiterado que presentará pruebas que señalan que estas personas sí tenían vínculos con grupos al margen de la ley.

Bajo esta premisa, los abogados de los uniformados, han reiterado en las últimas audiencias que se llevan a cabo en Soacha, que pelearán para que sea la Justicia Penal Militar la encargada de juzgar este caso.

Relatos del horror

Los siguientes son algunos de los apartes entregados por la Fiscalía sobre las investigaciones adelantadas:

"Faber Leonardo Porras era un joven con retraso cognitivo que jugaba aún con otros niños. Sin embargo, fue presentado como un temible extorsionista de Ocaña".

"Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexander Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador', y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar".

"Los militares ponían un retén en la parte oscura de la carretera que une a Ocaña con Abrego y después de pedir documentos montaban a las víctimas en un vehículo 'gemeleado' y se los llevaban para la zona donde se iba a dar el supuesto combate. Los documentos se los quedaba el Ejército".

"Las cifras entregadas por Medicina Legal, donde ingresaron varios supuestos abatidos en combate, no correspondían con el uso de municiones por parte de los uniformados. Además, se pudo constatar que el supuesto enfrentamiento donde resultó abatido Leonardo Porras sólo duro 10 minutos".

"Los impactos recibidos por los jóvenes Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza son abiertamente incompatibles con un combate".

"Por reclutamiento, los uniformados presuntamente pagaban $200 mil".