En las casi 5.000 páginas que tiene el expediente de la Procuraduría sobre las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales por parte de agentes del DAS aparece un documento rotulado con el título “Blancos”, que registra los números celulares y fijos de 40 personalidades públicas que, con sevicia, estaban en el radar del organismo de inteligencia. En la lista figuran el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra; los congresistas de oposición Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Wilson Borja; el periodista de la revista Semana Ricardo Calderón Villegas y su director, Alejandro Santos. Ni siquiera se escapó la actual directora del CTI, Marilú Méndez.
Asimismo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Sigifredo Espinosa, María del Rosario González, Francisco Javier Ricaurte, César Julio Valencia Copete, Julio Enrique Socha Salamanca, Jaime Arrubla, José Leonidas Bustos, Alfredo Gómez Quintero, Javier Zapata, Jorge Luis Quintero Milanés, Pedro Octavio Munar, Iván Velásquez Gómez, Gustavo Gnecco, Isaura Vargas Díaz, Camilo Tarquino, William Namem, Édgardo Villamil Portilla, Óscar Arturo Solarte, Elsy del Pilar Cuello Calderón, Eduardo López Villegas y Augusto Ibáñez Guzmán, el hoy presidente del alto tribunal.
El documento es una de las piezas fundamentales de la investigación encabezada por la Procuraduría, que evalúa las pormenorizadas denuncias que magistrados de la Corte y el abogado y columnista de El Espectador Ramiro Bejarano le formalizaron a través de declaraciones. Por ejemplo, el magistrado William Namem declaró que tuvo noticia de las interceptaciones a él y a sus colegas hace trece meses, que el tema se trató en Sala Plena y se ordenó una revisión de los organismos de seguridad a sus líneas privadas y, sobre su teléfono, relató que las comunicaciones se cortan -como les ocurrió a los demás efectados- o se pierde la señal cuando habla con el magistrado César Julio Valencia.
La magistrada María del Rosario González relató el pasado 6 de marzo que ha tenido que soportar hechos que le han alterado su tranquilidad y que derivaron en que hoy tenga medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, contó que el 8 de marzo de 2008 fue objeto de un seguimiento de un taxi desde la Clínica Cardioinfantil hasta su casa. “Fue cuando advertí que me estaban siguiendo y que querían que yo lo supiera”, expresó la magistrada.
A renglón seguido, informó que en mayo de 2008 su hijo, quien se desplazaba por la Avenida Circunvalar de Bogotá, vio cómo unos hombres sospechosos de sudadera negra taparon la vía y trataron de parar su vehículo, y que él los esquivó en una maniobra que le ocasionó una lesión en su columna. Como si fuera poco, el colegio de su hija menor tuvo que ser evacuado el 28 de septiembre de 2007 por una amenaza de bomba –un hecho inédito para el plantel en sus 50 años de existencia– y su vehículo oficial presentó un anómalo daño mecánico. Pero lo más grave fue lo que denunció respecto de un escolta de la Policía que tuvo, llamado Alexánder Restrepo.
“Él fue introducido a mi esquema de seguridad el 11 de febrero de 2008, cuando se adelantaba el juicio contra el senador Mauricio Pimiento. Su actitud fue tan extraña que se solicitó cambio y salió del grupo el 25 de febrero. Después me enteré por el doctor Javier Zapata, en cuyo esquema se trató de introducir al mencionado, que esta persona formó parte del esquema de seguridad del doctor Mauricio Pimiento. Entre las actitudes anormales del uniformado estaban la de pretender sentarse siempre a mi lado y me observaba todo el tiempo de manera inusual, y cuando sonaba mi teléfono celular podía advertir que quería no solamente escuchar los términos de la llamada sino también tratar de identificar al interlocutor”.
Capítulo aparte merecen las denuncias del presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, quien el 13 de marzo reciente, en declaraciones a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, indicó que un mes después de haberse posesionado, en septiembre de 2007, se presentó un irregular cambio de propiedad en una casa cercana a la suya. Por informaciones de sus vecinos supo de inquietudes que generó la nueva dueña, porque a su vivienda llegaban, supuestamente, guardaespaldas en vehículos de gama alta, además de que no permanecía mucho allí. Ibáñez le comunicó a su equipo de seguridad y el resultado de las pesquisas fue aún más perturbador.
“Resultó que dicha señora, aparentemente, era la esposa de un extraditado y, dicen los informes, que estaba conviviendo con una persona que tenía un proceso de extradición tramitado por la Corte Suprema”, manifestó el jurista. El magistrado añadió que el 7 de noviembre del año pasado apareció en su celular un mensaje de texto y un mensaje de voz en los que algunas personas trataron agresivamente las investigaciones adelantadas por el alto tribunal y “se me informa que el teléfono (del que recibió la llamada) fue adquirido en Valledupar y además la llamada fue hecha en los alrededores de la cárcel de Itagüí, circunstancia que documentó la Dijín de la Policía”.
Ibáñez dijo que se enteró de que funcionarios del DAS indagaron si él, como litigante, alguna vez visitó algún extraditable en la cárcel de Cómbita con el objetivo de desprestigiarlo; que las llamadas de su celular se caen con frecuencia, que fue objeto de un atraco en su casa y que esta persecución comenzó desde su llegada a la Corte y desde que se tomaron “interesantes decisiones sobre vínculos de políticos con grupos al margen de la ley”. Por último, Ramiro Bejarano, en su calidad de abogado del ex presidente de la Corte Suprema César Julio Valencia –en un pleito contra el Presidente de la República–, narró que fue advertido “de interceptaciones en mi contra que estarían ordenadas por alguien de la Casa de Nariño como parte de un complot gigantesco”.
Además manifestó que fue detectado cerca de su oficina un vehículo sospechoso del que se tomó la placa y resultó estar “gemeliado”; que ha visto cómo su correo personal ya ha sido leído antes de que él pueda acceder a sus mensajes; y que su cliente César Julio Valencia le comentó que la directora del CTI, Marilú Méndez, le confirmó “que habían encontrado evidencias de operaciones ilegales en la sala Esperanza de la Fiscalía en contra de él y mía”. Su testimonio y el de los magistrados son apenas un esbozo de la pavorosa cacería del DAS que empieza a quedar al descubierto.