La percepción en el país sobre la credibilidad de las instituciones no es buena. El Congreso de la República y los partidos políticos no salieron bien librados de una encuesta hecha por Barómetro Global, no sólo en Colombia sino en varios países de la región latina.

Pero no solo las instituciones del Estado generan desconfianza. El sector privado también está mal visto por culpa de los sobornos que, los mismos empresarios reconocen, suceden a diario.

Esto último fue revelado en la primera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en las empresas colombianas, en donde el 91% de los empresarios reconocieron que sí hay colegas que aplican la ilícita gestión con la intención de lograr beneficios propios.

De hecho, según un sondeo de Probidad de Confecámaras, hecho en 2006, demostró que el 84.4% de los empresarios prefiere no participar en los procesos de contratación con el Estado, al considerar que la competencia no es justa como consecuencia de la politización en ese tipo de contratos y pagos no oficiales.

"El soborno tiene un efecto perverso sobre los negocios: aumenta los costos de las transacciones, genera competencia desleal, desconfianza en las relaciones de negocios, y distorsiona el mercado. Es una realidad que es necesario enfrentar y combatir", recalcó Alma Rocío Balcázar, Coordinadora del área Sector Privado de Transparencia por Colombia.

Es por lo anterior que Barómetro Global recomienda un cese a la corrupción en los negocios para así "lograr un entorno competitivo del mercado, que apoye el crecimiento a largo plazo y atraiga a los clientes, asegure que los proveedores de la cadena de valor están alineados con los códigos de ética y valores corporativos de las grandes empresas(...) es clave que los empresarios definan un código de ética, implementen acciones contra el soborno, demuestren sus prácticas transparentes y las divulguen a sus clientes y públicos de interés".

Partidos políticos y Congreso de la República, los más corruptos

Entre los países latinos, Colombia resultó el país con la segunda cifra más alta en la percepción de corrupción en los partidos políticos.

El 41% de los colombianos encuestados considera que los partidos políticos son el primer sector en corrupción, le sigue el poder legislativo con el 26% y los servidores públicos con el 14%.

Ante la pérdida de confianza hacia los partidos políticos, Delia Ferreira (miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional) considera que estas instituciones requieren de transparencia, honestidad y sobre todo compromiso entre el discurso y la acción.

"La construcción de la democracia es una tarea colectiva que involucra directamente a estas asociaciones y en esa medida el papel de Transparencia por Colombia es trabajar conjuntamente con ellos para fortalecer y mejorar sus estándares de calidad", enfatizó Ferreira.

"Los partidos políticos son instituciones claves para el fortalecimiento de la democracia colombiana y son los llamados a representar los intereses de los ciudadanos. Lejos de permitir su debilitamiento, debemos trabajar en recuperar su legitimidad. Los partidos y el Congreso de la República tienen en este momento una oportunidad única con el trámite de la Reforma Política, de enviar un mensaje a la ciudadanía, para reafirmar su voluntad de autoreformarse y establecer sanciones reales e inmediatas ante la infiltración de la criminalidad en la política. Además, deben definir reglas que hagan más transparente el ejercicio de la política" afirmó Paola Zuñiga, Coordinadora del área de Política y Justicia de la Corporación.

Transparencia por Colombia se une al llamado que hace Transparencia Internacional en las conclusiones del Barómetro: "corresponde a los gobiernos, el sector privado y otros actores interesados del movimiento contra la corrupción generar mayor conciencia entre los ciudadanos sobre los prejuicios que causa cada soborno, no sólo para su economía, sino también para la sociedad."

La encuesta de Barómetro Global fue hecha a más de 73.000 personas en 69 diferentes países, de las cuales al menos el 10% fueron ciudadanos latinos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela.