La Federación Nacional de Departamentos manifestó en días pasados la importancia del proyecto, destinado a modificar el marco regulatorio de los llamados juegos de suerte y azar, cuya función exclusiva es contribuir —con el 12% de sus ingresos— a la financiación de los servicios de salud de los departamentos, la investigación médica y la cobertura del vacío pensional del sector.

En la actualidad, las distintas modalidades de la suerte y el azar, que incluyen loterías, régimen de apuestas permanentes o chance, y juegos localizados —casinos, bingos, tragamonedas, baloto—, se desarrollan en ausencia de regulaciones efectivas. Para muchos, un ejemplo de total anarquía.

Las loterías departamentales, que dependen directamente de las respectivas gobernaciones, se consolidaron en los últimos años como escenarios de desviación de grandes cantidades de dineros públicos. Las loterías departamentales de Chocó y Bolívar, por ejemplo, no transfirieron a las respectivas secretarías de Salud departamentales los porcentajes que define la ley.

En el departamento de Chocó el gerente de la Lotería afirmó que el desembolso al departamento de salud era imposible debido a la “crisis económica por la que atraviesa la lotería hace más de 10 años”. No obstante la justificación, la Procuraduría encontró registros de gastos que incluían pagos de viáticos al gerente por hasta 19 millones de pesos mensuales.

En Bolívar, la Lotería departamental se negó por años a realizar los pagos al sector de la salud, y ello pese a que se hicieron acuerdos para refinanciar las deudas adquiridas. Mientras los gerentes implicados predicaron la crisis y ruina absoluta de la Lotería, los investigadores de la Procuraduría encontraron registros de gastos millonarios en uniformes para equipos de fútbol, aportes para participar en torneos de billar, suministros de corona y banda a la señorita Bolívar, fabricación y quema de castillo de fuegos artificiales, entre otros.

Las loterías departamentales no sólo son protagonistas de la captura indiscriminada de rentas. También se les ha cuestionado por la adjudicación irregular de las concesiones del juego de apuestas permanentes. Cuando no se otorgó el contrato a dedo, beneficiando operadores inexpertos que obviaban las transferencias al sector de la salud, se concedió la licitación a reconocidas mafias del chance que, como en el caso de la Costa Caribe, desembolsaron los dineros de salud a tiempo, a la vez que contribuían a atizar el clima de violencia, eliminando posibles competidores e incursionando con éxito en el crimen organizado, el paramilitarismo y la parapolítica.

El caso de los llamados juegos localizados es quizás más dramático. El propio Presidente de la República manifestó hace poco su intención de reformar la Empresa Industrial y Comercial del Estado Etesa, creada en 2001 para controlar esta modalidad de recreación. Sucede que mafias, conformadas en su mayoría por grupos paramilitares, bandas criminales emergentes y narcotraficantes, cooptaron a funcionarios de Etesa y crearon un entramado de juego clandestino (casinos, bingos, máquinas tragamonedas) que funciona sin ningún control estatal y les otorga beneficios exclusivos a los delincuentes.

En síntesis, la necesidad de discutir el mencionado proyecto de ley es evidente y las entidades regulatorias como Etesa requieren una urgente revisión. Pero también cabe preguntarse, y quizás sea lo más importante, por la viabilidad de los juegos de suerte y azar que, al presente, son teatro de compleja corrupción en que se desvían recursos que enriquecen a particulares, sirven como sustento al crimen y actúan como catalizadores del conflicto armado. Y todo en nombre de la salud.