El Gobierno peruano entregó al Congreso una propuesta para derogar dos polémicas leyes que los indígenas amazónicos consideran lesivas a sus intereses, al tiempo que reconoció errores de comunicación en un conflicto que se ha saldado con 34 muertos.

"Entrego a nombre del Gobierno esta propuesta de derogatoria. Si hay un precio que pagar, no interesa pagarlo porque el Perú está primero que todos nosotros" , dijo el primer ministro Yehude Simon al presidente del Congreso, Javier Velásquez, en la ceremonia de entrega simbólica a la que acudió la prensa.

Se trata de los polémicos decretos 1090 y 1064, que fueron aprobados junto a casi un centenar de normas para adecuar a la legislación peruana el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigor a principios de año.

Estos decretos, que forman parte de un paquete de leyes que motivaron hace dos meses el inicio de una protesta indígena, regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y madereros.

Según los indígenas, dichos decretos contravienen su derecho a ser consultados antes de su aprobación, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por Perú.

Simon, quien anunció que renunciará a su cargo una vez que se tranquilice el país, admitió que el Gobierno cometió errores de comunicación en el conflicto con los indígenas.

Por ello, pidió a los legisladores que se atiendan las necesidades de los indígenas, que consideran que los decretos también afectan al medio ambiente y su derecho sobre la tierra, y hacer "lo que más le conviene al Perú, sin dejar de lado a los empresarios".

"De repente, hemos dado pasos adelante y pasos hacia atrás; pero era importante hacerlo. Los peruanos quieren la paz" , admitió Simon, quien acudió al Congreso acompañado por los titulares de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, el del Ambiente, Antonio Brack, y una veintena de representantes indígenas ataviados con su indumentaria tradicional.

Desde que empezaron las protestas hace dos meses, el Gobierno defendió las cuestionadas leyes e incluso acusó al "comunismo internacional" y al presidente boliviano, Evo Morales, de incitar a los indígenas.

Se prevé que la alianza conservadora Unidad Nacional y la Alianza por el Futuro, del ex presidente Alberto Fujimori, voten previsiblemente mañana contra la derogatoria de las leyes.

El primer ministro ha sido cuestionado, por un lado, por los nacionalistas por el manejo del conflicto y, por otro, por los conservadores y fujimoristas que se oponen a la derogatoria.

Simon aseguró que con la derogatoria, el Gobierno cumple con su compromiso para lograr una solución al conflicto y que "nunca más se repitan" los hechos violentos registrados en Bagua el 5 de junio cuando la Policía intentó desalojar a los indígenas que bloqueaban una carretera.

"No más muertos, no más sangre, el Perú está primero" , afirmó el primer ministro, en alusión a los enfrentamientos en los que perdieron la vida 24 policías y diez civiles.

En tanto, el principal líder de las protestas amazónicas, Alberto Pizango, viajó hoy hacia Nicaragua, país que le otorgó asilo político después de que se le acusara de los delitos de motín, sedición y apología del delito en agravio del Estado por los incidentes violentos.

Pizango llamó a la "insurgencia" en uno de los momentos más críticos de las protestas, aunque luego se desdijo
Precisamente hoy llegó a Perú el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, para investigar la situación de los indígenas amazónicos y los incidentes en Bagua.

Anaya manifestó que se encuentra en Perú, donde permanecerá tres días, "para comprender y respaldar al sistema de derechos humanos de la ONU".

"Me interesa conocer la verdad, tienen mi palabra que diré la verdad" , aseveró.