Al margen de la viabilidad de la polémica, herramienta solicitada por la propia Fiscalía para solucionar el limbo jurídico en que se encontraban los desmovilizados después de que la Corte Suprema estableció que debían ser juzgados por concierto para delinquir y no por delito político, preocupa que el mensaje final que el Gobierno y sus mayorías parlamentarias le envían a la ciudadanía es que existe una clara diferenciación ente víctimas y victimarios.

Las intenciones, nadie lo duda, pueden ser muy loables. A menos personas interesadas en hacer la guerra, mayores posibilidades de acceder a un posconflicto exitoso. Pero obviar la importancia de las víctimas, dilatar su proceso de reparación integral, es también echar por la borda toda la idea de justicia transicional que le ha sido propuesta a la ciudadanía en los últimos años. Si “verdad” y “justicia” son palabras que se repiten desde que la Ley de Justicia le abrió la posibilidad al posconflicto, “reparación” es por lo pronto otro concepto cuya veracidad en el terreno práctico simplemente no es tenido en cuenta. Se nos exige comprensión y compromiso con la reconciliación, y por ahí con mayores niveles de impunidad y olvido en aras de la reincorporación de los victimarios, pero se escamotean los derechos básicos de las víctimas que hoy por hoy disponen de poca verdad y reparación.

Argumentando inviabilidad financiera, el propio presidente Álvaro Uribe les solicitó a los ponentes del proyecto de ley de víctimas impulsado por el senador Juan Fernando Cristo su no aprobación. El Ministerio de Hacienda, en carta enviada al Congreso, expuso como razón de fondo lo costosa que resultaba la iniciativa puesta a consideración por el Senado. Así, de los $22,1 billones que se supone requeriría el articulado aprobado por la Cámara de Representantes, se estaría transitando a la suma, ciertamente alta, de $76 billones. Tal desfase no le sería conveniente al Estado, que por estos días atraviesa serios problemas fiscales y, por tanto, el Congreso habría de hundir el proyecto puesto a consideración por el Senado.

Nadie niega que el tema de cuánto debe pagar el Estado, y ya que estamos ahí la sociedad en general, en el tema de la reparación es un debate de crucial importancia. Pero iniciar la discusión en el día final de la aprobación del proyecto, sacar la baza de las finanzas a última hora, en lo que parece ser un cálculo de servilleta hecho a mano alzada, no parece muy serio. Y lo que es peor, archivado el proyecto venimos a enterarnos, también por boca del Ministro de Hacienda, que en realidad el debate se había politizado. Que se le estaba utilizando para poner a las víctimas contra el Gobierno y no, como parece ser el caso, que el Gobierno es quien insistió hasta última hora en que no todas las víctimas son una misma, como quiera que una cosa son las guerrillas y paramilitares, y otra muy diferente los agentes de Estado involucrados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Dudoso, pues, el argumento de la politización, o cuando menos de que sólo una de las partes la haya provocado. Y el hecho cierto es que una vez más esta semana el mensaje que las víctimas han recibido del liderazgo de su país es que su suerte no es una prioridad.