En 1997, la Ley General de Cultura dio forma a un proceso que el sector venía gestionando por un buen tiempo. La Ley 397 dio origen al Programa Nacional de Concertación, a través del cual, durante este año, el Ministerio de Cultura apoya más de 1.100 proyectos culturales.
Los procedimientos de selección se han ido refinando, de forma tal que actualmente la totalidad de los recursos se entregan a través de convocatoria pública, a diferencia de como se hacía hace unos años, cuando los apoyos se entregaban a dedo o con criterios poco claros. Eso, de por sí, es un gran avance.
Sin embargo, se trata de recursos públicos y el monto total es muy grande, por lo cual es necesario que no solo el Ministerio de Cultura sino todo el sector cultural en general, desde el punto de vista de la oferta, la circulación, la comercialización y demás momentos de la cadena de valor, den cuenta de cuáles son los impactos, procesos sociales y culturales que se están generando a partir de los recursos que aporta la institucionalidad cultural. Esto aplica también para los recursos que destinan los gobiernos regionales y locales.
Resulta preocupante, por ejemplo, que un determinado proyecto u organización cultural resulte beneficiado con recursos públicos cada año, aun cuando las reglas de juego intentan limitar este tipo de prácticas. Es inaceptable que la inversión que se realiza en el sector no genere el impacto suficiente como para lograr la sostenibilidad económica de estos proyectos u organizaciones.
Ahora bien, hay quienes aducen que la sostenibilidad económica no es un factor determinante en asuntos culturales. Pero aun cuando así fuere, es necesaria la sostenibilidad social de dichas iniciativas. Es bien conocido el discurso que atribuye toda la responsabilidad de los problemas o deficiencias del sector cultural a la falta de políticas claras. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho para conseguir un sistema altamente participativo como el que hoy existe, con logros importantes en términos de concertación y de marco de política para el desarrollo de las prácticas culturales.
La misma comunidad que participa, toma decisiones y recibe los recursos del Estado, debe ahora asumir la responsabilidad que le corresponde. No es suficiente con justificar los gastos y presentar los recibos de soporte. Es necesario que los gestores y demás miembros del sector cultural establezcan el impacto que genera su actividad. En países como Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, el segmento de cultura y entretenimiento ha logrado posicionarse dentro de los primeros renglones en la participación en el PIB, gracias a que allí se tiene un rigoroso esquema de seguimiento, monitoreo y evaluación de su quehacer.
Finalmente, si bien los beneficiarios de los recursos estatales deben ser los principales interesados en poder dar cuenta del impacto de su labor, el Ministerio y las secretarías de Cultura tienen el deber legal no sólo de conocer el destino de los recursos públicos, sino también de determinar la realidad actual del sector y dictar los lineamientos generales que permitan su desarrollo de acuerdo con las necesidades reales de la población. Esto sólo será posible si se pone en marcha una estrategia sistemática para establecer qué efectos causa la inversión central, regional y local en el campo de la cultura.