Éstas mostraron que, entre los años 2005 y 2008, la pobreza disminuyó de 50 a 46%, la indigencia aumentó de 16 a 18% y la desigualdad se mantuvo constante. En Colombia existen actualmente 20 millones de pobres y ocho millones de indigentes. Al mismo tiempo, la concentración del ingreso sigue siendo una de las mayores de la región.
Las nuevas cifras han suscitado un intenso debate. Algunos comentaristas han cuestionado su credibilidad y planteado varias inquietudes: ¿por qué hay menos pobres que afiliados al régimen subsidiado en salud? ¿Por qué la pobreza disminuyó abruptamente entre 2002 y 2003 a pesar del estancamiento económico? La medición de la pobreza siempre suscita interrogantes. Los escépticos siempre tendrán razones para cuestionar la veracidad de las cifras. En este caso, además, los cambios metodológicos en las encuestas hicieron más difícil una estimación ya de por sí compleja. Pero a pesar de las dudas, la misión de expertos hizo una tarea acertada. Conviene, entonces, dejar de lado las suspicacias estadísticas y concentrarse en los temas sustantivos, en las políticas de reducción de la pobreza.
El aumento de la indigencia, definida como la fracción de personas que viven en hogares con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos, es una muy mala noticia. Paradójicamente, este aumento coincidió con un período excepcional de crecimiento económico. Las razones de esta coincidencia son múltiples: el aumento en el precio de los alimentos, el lento crecimiento de los ingresos de los trabajadores informales y el aumento en el número de desplazados por la violencia. El buen comportamiento de la economía fue en últimas insuficiente para contrarrestar el efecto conjunto de los factores mencionados.
Los subsidios de Familias en Acción, uno de los principales componentes de la política social del actual Gobierno, tampoco pudieron contrarrestar la tendencia señalada. Los subsidios ayudaron. La situación habría sido peor si muchas familias no los hubieran recibido. Pero las cifras muestran claramente que, en un entorno de alta informalidad e inflación creciente, Familias en Acción no resuelve el problema de la pobreza extrema. En suma, la indigencia creció no sólo a pesar del mayor crecimiento de la economía, sino también a pesar de la expansión de los subsidios estatales.
De otro lado, la disminución de la pobreza muestra que el crecimiento económico no sólo benefició a los más ricos. Muchos trabajadores de estratos medios y bajos se beneficiaron del buen comportamiento de la economía. Los trabajadores formales en particular experimentaron crecimientos significativos en sus ingresos. Sin embargo, el nivel de pobreza sigue siendo muy alto incluso en el contexto latinoamericano. Veinte millones de pobres no son motivo de celebración, así la pobreza haya disminuido.
En el corto plazo, el Gobierno debería eliminar los aranceles y las trabas a la importación de alimentos. El presidente Uribe pidió hace unas semanas la colaboración del sector privado con el fin de reducir el costo de algunos alimentos. Pero el Gobierno está en mora de hacer lo suyo. En el mediano plazo las políticas de reducción de la informalidad y de impulso al empleo son fundamentales. Las cifras sugieren que la combinación de estímulos a la inversión y subsidios a los pobres no es la mejor manera de reducir la pobreza. Por último, la atención a los desplazados debe convertirse en uno de los ejes de la política social.
Las malas noticias deberían servir para corregir el rumbo y recomponer algunas de las políticas equivocadas. Las cifras de pobreza reflejan la pobreza de las políticas.